Inmigración ilegal. Cosas de sentido común
España se constituye, como Estado de Derecho, según el artículo 1 de la Constitución, pero eso es mera palabrería si no se es capaz de defenderlo. Una de las características básicas de todo Estado es tener fronteras definidas que debe respetar toda persona que entre en el país, lo cual requiere que toda persona debe hacerlo, tras ser autorizada en frontera, por el gobierno nacional que es quien tiene competencia de las fronteras nacionales, en aplicación de las leyes.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre el caso de España y otros países de Europa. En nuestra nación, la ley de Extranjería tipifica la entrada ilegal como falta administrativa. Así se hizo en la ley de 1985, aprobada por el PSOE, que tenía entonces mayoría absoluta; en la de 2000, el PP de Aznar gobernando en minoría, tuvo que ceder ante la oposición. Pero siguió siendo solo falta administrativa en la reforma del 2003, donde el PP de Aznar tenía ya mayoría absoluta y en 2009, con Zapatero gobernando en minoría.
Por el contrario, en la inmensa mayoría de países de Europa la entrada ilegal está tipificada como delito. Así ocurre en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, Suecia, Noruega, Finlandia, Chequia o Eslovaquia. Parece por tanto conveniente que se revise su tipificación en España. Al mismo tiempo, hay que endurecer las actuaciones policiales contra quienes ayuden a la entrada ilegal personalmente o mediante empresas y medios (transporte y otros) que la faciliten, lo cual sí que está tipificado como delito en el artículo 318 bis del Código Penal.
Esto no quiere decir que se pretenda que se castigue con penas de cárcel a personas que en muchos casos solo buscan una vida mejor y que para ello se saltan los controles de entrada, pero sí que, penalmente, España se alinee con Europa y ponga fin a una situación que desborda al sistema socioeconómico y que puede dar lugar a graves perturbaciones en el inmediato futuro. Es necesario, garantizar su expulsión inmediata a los países de origen, lo que al mismo tiempo frenaría el efecto llamada que el gobierno de Sánchez ha incrementado con su decisión de dar una regulación masiva y descontrolada a los inmigrantes irregulares en España.
Hay además que actuar en otros cuatro ámbitos de actuación importantes. En primer lugar, rectificando las directivas de la Comisión Europea que, con su buenismo, estén rebajando la necesidad urgente de control de la inmigración irregular y de defensa real de las fronteras. Bruselas tiene una gran parte de responsabilidad en lo que pasa, y debería promover con firmeza la detención de los buques de tráfico ilegal de personas que sirven de lanzadera a las pateras.
En segundo lugar, hay que firmemente presionar a los países de origen para que acepten la repatriación inmediata de sus nacionales que sean objeto de expulsión. También para que controlen e impidan que desde ellos se facilite la salida de medios de transporte de inmigrantes ilegales. También debe exigírseles que autoricen a que los medios de Salvamento Marítimo, devuelvan a sus puertos de origen a los recogidos en alta mar.
En tercer lugar, es necesario promover que, desde Europa, se presione con medidas comerciales y económicas a los países de donde salen o provienen los inmigrantes irregulares. Si no colaboran en el control de salida y de retorno deben ser sancionados con altos aranceles comerciales y supresión de ayudas.
En cuarto lugar, es necesario atender las necesidades coyunturales urgentes, pero el principio debe ser que todo inmigrante viene a trabajar, no a vivir de ayudas públicas de alimentos, vivienda, etc. España debe revisar el sistema actual. No cabe con carácter general, dar ayudas y prestaciones sociales por el mero hecho de quedarse a vivir, en vez de por haberse integrado en el contexto social y económico productivo. El resultado de todo ello es la picaresca, el despilfarro y el incremento del efecto llamada.
Finalmente, algo muy importante. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, pero es evidente que la historia y la cultura ha generado profundos lazos que hay que reconocer y valorar. Los inmigrantes iberoamericanos son como hermanos de los que estamos separados por el Océano. De hecho, la gran mayoría puede acceder a España sin necesidad de visado, aunque si desean quedarse a trabajar tienen que solicitar permiso de trabajo. También los requisitos para adquirir la nacionalidad española son mucho más fáciles. Por ello, se integran muy rápidamente en España y eso debe tenerse en cuenta, como mérito.
En suma, la situación actual de la inmigración requiere medidas claras y urgentes. El desmadre que va a dejar el PSOE de Sánchez, necesita corregirse. Una de sus nefastas herencias es el tema de la inmigración ilegal. La solución parece que quedará en manos de un futuro gobierno del PP-VOX que reciba el apoyo de una aplastante mayoría de ciudadanos. Pero no bastará con llegar al poder. Habrá que tener sentido común, claridad y firmeza suficiente para afrontar los graves problemas. El control de la inmigración es uno de ellos.