¿Hasta dónde llega el tan traído y llevado algoritmo? ¿Y hasta dónde la negligencia, la prevaricación y la actuación devastadora y de consecuencias tan incalculables como tenebrosas de un gobierno que no duerme pensando en la perpetuación ad infinitum de Sánchez? La reciente revelación de que el ejecutivo de la nación ha cancelado más de 1,1 millones de antecedentes penales mediante sistemas automatizados y robotizados en apenas cinco años constituye uno de los episodios más graves y temerarios de la gestión reciente en el cuerpo del Estado.
No estamos hablando de simples trámites administrativos o de acelerar expedientes burocráticos menores. ¡Ojalá! Hablamos de antecedentes penales, de reincidencia, de delitos sexuales, de condenas acumuladas y de información esencial para la seguridad pública y la actuación de jueces, fiscales y fuerzas policiales. Una actuación que trasciende, de largo, la simple aberración.
La cancelación de antecedentes siempre ha sido un terreno extremadamente delicado desde el punto de vista jurídico. Durante décadas se exigió revisión individualizada precisamente porque cada caso puede contener variables complejas: múltiples condenas, errores de cómputo, reincidencias encubiertas, ejecutorias pendientes, delitos especialmente sensibles…sustituir ese análisis humano por procesos masivos automatizados supone, por ende, una irresponsabilidad política de dimensiones gigantescas.
El propio Ministerio de Justicia reconoció públicamente haber impulsado algoritmos capaces de ampliar las cancelaciones automáticas. Y lo hizo además vinculando esos borrados a la obtención de nacionalidades y permisos de residencia (¡oh sorpresa!). El mensaje político es demoledor: los antecedentes penales son un obstáculo administrativo a eliminar de la forma más rápida posible para un PSOE en modo electoral y dispuesto al ‘pucherazo’, por las buenas o, si fuese menester, por las malas.
Resulta igualmente si no todavía más alarmante que el gobierno jamás haya explicado con transparencia cómo funcionan realmente esos algoritmos, qué supervisión humana paralela existe (si es que la hay), qué margen de error manejan, cuántas cancelaciones afectan a personas con antecedentes graves…
Nada nuevo bajo el sol. En cualquier democracia seria, automatizar decisiones que afectan a la seguridad, la nacionalidad o la reincidencia exigiría controles parlamentarios exhaustivos, auditorías independientes y mecanismos permanentes de fiscalización. Aquí, en cambio, no se impone otra cosa que la opacidad… y la propaganda.
La cifra de más de 406.000 cancelaciones en un solo año demuestra que el sistema ha dejado de ser para los socialistas un procedimiento garantista para convertirse en una cadena industrial de borrado masivo y, en consecuencia, de desprotección de la sociedad.
La negligencia política es monumental y las consecuencias en diversos órdenes de semejante y estudiadísimo experimento burocrático es cuestión de tiempo que las paguemos. Por desgracia. Sí. Sánchez sigue jugando irresponsablemente con la seguridad de los españoles y Sánchez, una vez más, sin freno, vuelve a acreditar que, como para cualquier sátrapa, finissanctificat media.