José Luis Rodríguez Zapatero, como los demás presidentes del Gobierno del Reino de España, cobra una pensión vitalicia cercana a los 80.000 euros brutos anuales, dispone de coche oficial, escolta, oficina de apoyo, pasaporte diplomático y tiene derecho a formar parte del Consejo de Estado como miembro nato. Todas estas prerrogativas no funcionan exactamente como una pensión ordinaria, ya que pueden compatibilizarse con otras actividades privadas y profesionales. Pero existe algo que la ciudadanía siempre ha dado por supuesto: que quien ha ocupado la máxima responsabilidad política del país mantendrá después una conducta ejemplar y un mínimo sentido ético acorde con la dignidad institucional que ha representado.
Porque esos privilegios no se conceden únicamente por haber pasado unos años en la Moncloa. Se conceden porque un expresidente del Gobierno continúa siendo, de alguna manera, una representación permanente del Estado español. Cada gesto suyo, cada declaración y cada actividad posterior afectan inevitablemente al prestigio de las instituciones. Es también Marca España.
Por eso resulta tan demoledor lo que estamos conociendo en los últimos días.
La presunción de inocencia constituye un pilar básico del Estado de Derecho y conviene recordarlo siempre. Será la Justicia quien determine si existe o no algún tipo de ilegalidad en las actuaciones investigadas. A Zapatero le amparan, como no puede ser de otra forma, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y todas las garantías constitucionales. Pero una cosa es la responsabilidad penal y otra muy distinta la degradación ética y moral que desprenden determinadas informaciones contenidas en los autos judiciales y en las conversaciones conocidas públicamente.
Porque incluso aunque nunca existiera condena alguna, el daño a la ejemplaridad ya está hecho.
Y quizá lo más sorprendente de todo sea el bajo nivel de lo que presuntamente aparece descrito. No estamos hablando de grandes operaciones diplomáticas internacionales ni de complejas negociaciones geopolíticas propias de un antiguo jefe de Gobierno convertido en figura global. Lo que aflora transmite más bien una imagen casi vulgar del poder: conversaciones discretas impropias de la dignidad de un expresidente, relaciones opacas, favores difíciles de explicar y un tipo de intermediación que numerosos expertos califican directamente de cutre.
Esa es probablemente la palabra que mejor resume la sensación general.
Cutre.
Porque cuesta comprender cómo alguien que llegó a ocupar la más alta magistratura del Estado termina apareciendo en escenarios tan poco edificantes. Resulta inevitable preguntarse cómo un político que durante años cultivó una imagen de moderación institucional y aparente altura moral ha terminado vinculado a dinámicas tan pequeñas, tan grises y tan impropias de quien representó a España ante el mundo.
Y entonces surge la pregunta inevitable.
¿Merecía la pena?
¿Merecía la pena arriesgar un legado político construido durante décadas para terminar protagonizando conversaciones clandestinas y movimientos difíciles de justificar públicamente?
¿Merecía la pena verse envuelto en reuniones discretas donde le llaman “pana”, rebajando completamente la solemnidad institucional que debería acompañar siempre a un expresidente del Gobierno?
¿Merecía la pena exponerse a que la opinión pública contemple con sospecha posibles beneficios indirectos para su entorno familiar?
¿Merecía la pena verse envuelto en asuntos turbios relacionados con gobiernos dictatoriales?
Porque esa es otra de las cuestiones más inquietantes de todo este asunto. Cuando un expresidente utiliza su agenda internacional, sus contactos o su influencia política en actividades privadas difíciles de delimitar, la línea entre la actividad legítima y el aprovechamiento de su antigua posición comienza peligrosamente a difuminarse.
Y ahí es donde aparece el verdadero problema moral.
Porque un expresidente no debería aspirar únicamente a no delinquir.
Debería aspirar a preservar la dignidad del cargo que ocupó.
Debería comprender que su comportamiento posterior también forma parte de la historia política que dejará escrita. Los ciudadanos pueden perdonar errores de gestión, decisiones equivocadas o incluso profundas discrepancias ideológicas. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la sensación de decadencia moral, de ambición impropia o de pérdida absoluta de ejemplaridad.
José Luis Rodríguez Zapatero todavía conservaba para una parte de la sociedad española cierta imagen de político institucional, moderado y aparentemente sereno. Pero todo eso se está erosionando a enorme velocidad. Y lo más triste es que no parece estar cayendo por grandes ideales ni por decisiones históricas trascendentales, sino por algo mucho más pequeño y decepcionante: el deterioro ético que provoca acercarse demasiado a determinados entornos de poder, dinero e influencia.
Al final, la historia casi nunca recuerda únicamente los cargos que uno ocupó. También recuerda cómo decidió abandonarlos.
Y a veces las derrotas más profundas no son judiciales, sino morales.
¿Merecía la pena? Yo creo que no.