La regularización extraordinaria de extranjeros que acaba de arrancar en España está empezando a trasladar el debate migratorio al terreno económico. Más allá de los expedientes, los plazos administrativos o el impacto político, empresas, autónomos y familias comienzan a enfrentarse a una cuestión mucho más incómoda: cuánto cuesta realmente formalizar empleos que hasta ahora funcionaban en la práctica fuera del circuito legal.
El proceso, que podría afectar a cerca de medio millón de personas según distintas estimaciones manejadas durante la tramitación, coincide con un momento especialmente delicado para determinados sectores intensivos en mano de obra. Hostelería, cuidados, construcción, limpieza, agricultura o servicios personales llevan años alertando de dificultades crecientes para cubrir vacantes, especialmente en perfiles de baja cualificación o alta exigencia física.
Sin embargo, parte de ese mercado laboral ha convivido históricamente con bolsas de informalidad sostenidas, en muchos casos, por trabajadores extranjeros que no podían acceder fácilmente a contratos formales por su situación administrativa.
Ahora el escenario cambia. “La regularización puede sacar a la superficie una realidad que llevaba tiempo funcionando de forma invisible. Muchas personas que ya trabajan podrán exigir contratos, cotización y condiciones laborales normalizadas. Y eso obliga a replantear determinados equilibrios económicos”, explica Guillermo J. Valderrábano, fundador de ExtranjeriaClara.com.
El impacto puede sentirse primero en uno de los ámbitos más sensibles: el empleo doméstico y los cuidados. Miles de hogares dependen actualmente de trabajadoras extranjeras para atender a mayores, niños o personas dependientes. En muchos casos, la relación laboral se mantenía en una situación informal porque la trabajadora no disponía de autorización de residencia o trabajo.
La posibilidad de acceder ahora a un NIE y formalizar contratos supone un avance evidente desde el punto de vista laboral y de derechos. Pero también introduce una tensión económica real en muchas familias que, aunque actúan como empleadoras, no son empresas ni cuentan siempre con capacidad suficiente para absorber de golpe un incremento de costes laborales.
“No se trata de criminalizar a las familias, porque muchas simplemente intentan sostener situaciones de conciliación o dependencia con recursos muy ajustados. Pero sí es importante entender que, si avanzamos hacia una formalización necesaria y positiva, también tendremos que afrontar cómo se asume ese coste”, señala Valderrábano.
Ese mismo fenómeno amenaza con trasladarse a pequeñas empresas y autónomos en sectores con fuerte dependencia de mano de obra extranjera. Restauración, estética, limpieza, reformas o construcción llevan meses alertando de dificultades para encontrar trabajadores disponibles, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas. En paralelo, la regularización puede obligar a asumir costes laborales reales en actividades donde parte de la competitividad descansaba precisamente en estructuras informales o semiformales.
“Durante años determinados sectores han funcionado con costes muy ajustados porque parte de la mano de obra estaba fuera del sistema. Si queremos empleo formal, cotizaciones y protección social, también hay que asumir que eso tiene un impacto económico”, apunta el fundador de ExtranjeríaClara.com.
La cuestión no es menor. Si una parte significativa de los potenciales beneficiarios accede al mercado laboral formal, el efecto sobre cotizaciones y recaudación puede ser relevante. Tomando como referencia salarios cercanos al SMI, el volumen de actividad económica vinculado a estas regularizaciones podría superar los 8.500 millones de euros anuales.
Pero el problema, según los expertos, no está únicamente en la formalización. También en la capacidad real del sistema para absorber el proceso sin bloquear el acceso efectivo al empleo, porque, en la práctica, muchas personas podrían cumplir los requisitos legales y, aun así, permanecer durante semanas o meses sin autorización efectiva para trabajar debido a retrasos administrativos, requerimientos documentales o problemas de tramitación.
Ahí aparece uno de los mayores riesgos que detectan desde el sector como es la creación de un nuevo limbo administrativo. “Existe un escenario muy concreto que preocupa mucho a empresas y trabajadores. Personas que podrían incorporarse legalmente al mercado laboral, pero que siguen bloqueadas porque el expediente no avanza al ritmo esperado”, sostiene Guillermo J. Valderrábano.
El efecto económico es inmediato. Contratos que no se firman, incorporaciones que se retrasan y procesos de selección que terminan frustrándose porque la empresa no puede esperar varios meses a que llegue la autorización definitiva. En sectores con elevada rotación o necesidad urgente de personal, esa incertidumbre se convierte en un problema operativo.
Los retrasos, además, no suelen derivar de grandes controversias jurídicas, sino de incidencias mucho más básicas como antecedentes penales mal legalizados, certificados incompletos, errores formales en contratos o diferencias de criterio entre oficinas provinciales. Cada requerimiento adicional puede añadir semanas al procedimiento.
“El problema histórico de extranjería no ha sido tanto la ley como la gestión. La variabilidad entre oficinas y los tiempos reales de resolución generan inseguridad jurídica y frenan decisiones empresariales”, explica el fundador de ExtranjeriaClara.com.
En este contexto, el proceso extraordinario puede terminar funcionando como una especie de radiografía involuntaria del mercado laboral español. Una fotografía que muestra hasta qué punto determinadas actividades dependen de trabajadores que ya estaban aquí, pero fuera de los canales formales. Y también hasta qué punto familias y pequeñas empresas pueden asumir el coste completo de esa formalización sin trasladarlo a precios, ya que, detrás del debate migratorio emerge otro mucho más amplio, el de la productividad, el coste real de determinados servicios y la sostenibilidad de modelos económicos construidos sobre márgenes extremadamente estrechos.
“La regularización no solo habla de extranjería. Está obligando a abrir una conversación sobre empleo, productividad y economía informal que España llevaba años posponiendo”, concluye Guillermo J. Valderrábano.