La causa se centra en la presunta comercialización de formación presentada como oficial, homologable y habilitante para ejercer como Psicólogo General Sanitario en España, pese a que, según la denuncia, los títulos y documentos entregados no habrían tenido la validez oficial prometida. La denuncia inicial se dirigió contra CUSE, con CIF B73723371, y contra su administrador, Raúl Rivero Burón, por la presunta comisión de un delito continuado de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad documental.
El procedimiento nace de la acción penal promovida inicialmente por decenas de estudiantes, que denunciaron haber abonado importes relevantes para cursar un Máster en Psicología General Sanitaria bajo la convicción de que se trataba de una formación oficial o susceptible de homologación sin obstáculos. Según la denuncia, CUSE habría ofertado distintas modalidades, incluida una vía “interuniversidades” vinculada a una universidad española y otra vía europea ligada a E-Campus, generando en los alumnos la expectativa de obtener una titulación con efectos profesionales en España.
La acusación sostiene que el daño va mucho más allá del perjuicio económico. Muchos afectados dedicaron tiempo, prácticas, esfuerzo académico y planificación profesional a una formación que, según se expone en el procedimiento, no habría permitido obtener la habilitación prometida para ejercer como Psicólogo General Sanitario. Parte de ellos se vieron obligados a matricularse posteriormente en otros másteres oficiales para poder acceder a la profesión, duplicando gastos y retrasando su incorporación laboral. “Lo que pedimos es que se investigue hasta el final. No hablamos solo de dinero, sino de carreras profesionales bloqueadas, alumnos que confiaron en una apariencia de oficialidad y familias que hicieron un esfuerzo económico enorme para una titulación que, según la denuncia, no ofrecía la validez anunciada”, afirma Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, abogado e impulsor de la acusación particular junto a Teresa Bueyes.
La documentación aportada en la causa recoge comunicaciones en las que el máster se habría presentado como oficial, homologable y habilitante. También se citan pagos de miles de euros, gastos adicionales por supuesta documentación académica, tasas, traducciones, expedientes, títulos y suplementos europeos al título. La acusación sostiene que esos elementos habrían reforzado la apariencia de legalidad y habrían dificultado que los alumnos detectaran la verdadera situación administrativa de la formación contratada.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la respuesta atribuida al Ministero della Salute italiano, que habría informado, en relación con el “Master de I Livello in Psicologia General Sanitaria” de la Università Telematica E-Campus, que se trataba de un programa de perfeccionamiento académico, no de un máster profesionalizante regulado en Italia, y que no reconocía el ejercicio profesional de la titulación en ese país. Según la acusación, esa conclusión resulta incompatible con la promesa de habilitación profesional trasladada a los alumnos en España.
La acusación particular ha solicitado también medidas cautelares personales y patrimoniales respecto de Raúl Rivero Burón. Entre ellas, la convocatoria de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el mantenimiento de la requisitoria, la retirada de pasaporte, comparecencias periódicas y la fijación de una fianza de responsabilidad civil de 1.500.000 euros. El objetivo, según la acusación, es asegurar la presencia del investigado en el procedimiento, preservar la prueba y garantizar que, si finalmente se acreditan responsabilidades penales y civiles, los perjudicados puedan ser resarcidos.
El procedimiento habría alcanzado ya, según los últimos escritos de la acusación, al menos 117 personas perjudicadas identificadas y personadas, aunque la representación de los afectados considera que el número real podría ser superior. Por ello solicita que se recaben datos de administraciones, universidades y entidades relacionadas con la formación ofertada, para que todos los potenciales afectados puedan ser localizados y reciban el correspondiente ofrecimiento de acciones.
En las últimas semanas, la acusación ha incorporado además documentación financiera y mercantil sobre la situación de CUSE. Según el informe mercantil aportado, la compañía aparece con suspensión de actividad, incidencias concursales y una fuerte reducción de activos respecto de ejercicios anteriores. El mismo informe identifica a Raúl Rivero Burón como administrador único y socio único de la sociedad.
“Vamos a pedir que se rastree el destino del dinero pagado por los alumnos y cualquier movimiento patrimonial relevante. Si se ha intentado dejar a los afectados sin posibilidad de recuperar su dinero, debe investigarse con la máxima profundidad”, añade Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos.
La acusación insiste en que todas las actuaciones se formulan con pleno respeto a la presunción de inocencia de Raúl Rivero Burón y del resto de personas o entidades investigadas, pero subraya que los indicios documentales justifican una investigación completa, rápida y eficaz.