Era sólo cuestión de tiempo -poco- y de adivinar el lugar. Los recientes incidentes vividos en Belfast tras el salvaje apuñalamiento de un ciudadano europeo por un africano han vuelto a abrir un debate incómodo que las instituciones comunitarias llevan años intentando gestionar sin encontrar una respuesta convincente (sin duda porque esa casta parasitaria de Bruselas y Estrasburgo tiene otras prioridades). Más allá de los detalles concretos de cada altercado, lo que emerge con fuerza es ya, indisimuladamente, un sentimiento de hartazgo entre una parte significativa de la población, que percibe que sus preocupaciones sobre seguridad, convivencia e inmigración ilegal no están siendo escuchadas con la seriedad que merecen. Nada se hace y, en el corto plazo, lamentablemente nada se hará.
Durante demasiado tiempo esa casta política parasitaria se ha entregado a discursos tan grandilocuentes como vacíos. Ni ha cogido el toro por los cuernos ni, por tanto, ha buscado ni encontrado soluciones.
Es la estampa de cada día. Y aunque el ‘mainstream’ mediático, drogado de ‘wokismo’ y de corrección política intente patéticamente ocultarlo, las redes sociales se encargan de hacer el retrato y mostrar el panorama cada día, cada minuto, de día y de noche. Agresión tras agresión. Con palos, con arma blanca o con lo que el delincuente que la protagoniza y perpetra, en cada ocasión, tiene a mano.
En numerosos barrios de demasiadas ciudades del viejo y dormido continente, los ciudadanos conviven, malamente, con una sensación brutal y descarnada de inseguridad, con problemas severos de integración, con una presión inaguantable sobre los servicios públicos y, en fin, con un deterioro de la confianza en las instituciones, que no es sino el resultado de tanto y tan reiterado error y dejación y papanatismo.
No. Belfast no es una excepción a ese clima de malestar. Es mucho más que un síntoma, un grito desesperado. Y aun así, lo que resulta especialmente inaceptable y sangrante es la distancia que existe entre la realidad percibida por decenas de millones de vecinos de España y Francia y Reino Unido… y el lenguaje utilizado por parte de las mal llamada élites políticas, dispuestas a caer más y más bajo en su inacción.
Cuando millones y millones de personas corrientes expresan temor por la delincuencia de origen foráneo o exigen un mayor control de las fronteras y cuando esos millones y millones de personas sienten que son ignorados, caricaturizados o directamente descalificados, es imposible contener la frustración y la desafección, la pura rabia.
Conviene ser claros: la responsabilidad de los delitos recae siempre sobre quienes los cometen, no sobre colectivos enteros ni nacionalidades ni continentes. Pero negar que la inmigración ilegal plantea continuos e insufribles desafíos de seguridad y control administrativo, y un deterioro descarnado de los otrora sistemas y estándares de bienestar occidentales, poco ayuda.
Democracias pretendidamente maduras como las europeas (tan rabiosamente decadentes hoy) deberían ser capaces -y no lo son- de rechazar la criminalización grupal, por supuesto; pero sobre todo deberían ser capaces de exigir el cumplimiento estricto de la ley.
En Belfast, como en tantísimas otras ciudades europeas y barrios enteros devorados por la marginalidad, ciudadanos normales reclaman eso: reglas claras, deportación de quienes delinquen y una política migratoria que combine humanidad con firmeza.
La Unión Europea y los gobiernos nacionales deberían tomar nota. La casta política es, en este tiempo, parte del problema. El mensaje es tan duro como real: el pueblo se siente abandonado por quienes tienen la obligación de protegerlo. Es una cuestión de orden lo que está en juego y -no hay la menor duda- si esas autoridades se mantienen ciegas y sordas, insensibles, el malestar crecerá pronto hasta convertirse, para ellas y en primera persona, en algo mucho más difícil de gestionar. Al tiempo.