Según fija nuestra Constitución, el bien común es el bien de todos, o de la mayor mayoría posible de, los ciudadanos españoles, conociéndose estos últimos, políticamente, como los derechohabientes a un DNI español expedido por el Reino de España. Cierto que se establece que los ciudadanos tienen derecho a “regionalizarse” en unas regiones, autonomías o entidades geográficas administrativas (por lo tanto de lindes cambiantes y administrativas) que no se especifican en la propia Constitución. Por eso es evidente que el derecho a regionalizarse, que puede hacerse de muchas maneras no especificadas en detalle, nunca se puede ejercer atentando contra el bien común de los ciudadanos como depositarios de la soberanía nacional.
Por lo tanto, el interés general que obligaría al Gobierno, a cualquier Gobierno de España sería, por una parte, asegurar la mayor paz y prosperidad a los ciudadanos españoles. La obligación de asegurar la mayor paz obliga a alcanzar la mayor seguridad posible. Por otra parte, habiendo elegido claramente España en 1978 la vía de la máxima libertad posible y de la cohesión social, como se detalla prolijamente en nuestra última Carta Magna, es decir, habiendo optado la vía de las contemporáneas democracias liberales , que son su entorno natural, el alcance del bien común debe asegurar la mayor libertad posible, la total igualdad ante la Ley en derechos y obligaciones de todos y cada uno de los ciudadanos y la solidaridad indispensable para alcanzar los objetivos comunes y evitar lo más posible fracturas sociales que dañarían la paz y la prosperidad. Sucintamente, cualquier Gobierno de España, debe tener por objetivo cuidar del bien común asegurando la mayor paz/seguridad, igualdad ante la Ley y solidaridad entre ciudadanos para alcanzar más eficiente y éticamente mayor prosperidad. Nótese que hay otras nociones de bien común en el planeta, sostenidas por otros regímenes u otras culturas, algunas bastante pudendas, pero no caben en el espíritu de la Constitución del 78.
Pues bien, ese bien común, cuya búsqueda pensábamos inherente a las políticas concretas y prácticas de cualquier Gobierno, es el que se ha volatilizado, a nuestro juicio. Y lo peor es que, si empezó a diluirse por decisiones equivocadas o torpes de nuestros ex gobernantes, lleva bastante tiempo siendo atacado deliberadamente, desvirtuado y laminado activamente, por muchos de nuestros gobernantes en plaza.
No es menester la acuidad de un lince para ver la raíz del problema. Cuando se establecen deliberadamente ciudadanos de distintas categorías la igualdad fundamental se hace trizas. Cuando determinados ciudadanos, cada vez más súbditos, por cierto, gozan de distintas impunidades ante la Ley, o de leyes distintas, o de privilegios en sus derechos civiles, o de privilegios fiscales, o de persecuciones incruentas, o de… la igualdad inherente al bien común queda laminada. Lo que inevitablemente arrastra frustraciones, confrontación, dinámica perversa de rivalidad, magnificación y acrisolamiento de la insolidaridad. Como es lógico el potencial de prosperidad sufre, aunque desequilibradamente, aumentando la desigualdad material, y, por supuesto, la libertad se va minando por barrios. Todo ello con la participación activa de determinados gobiernos e Instituciones.
Podríamos ver la semana que viene si el bien común perdido se ha intentado sustituir por otro y cómo ha sucedido.