La última legislatura del sanchismo no solo dinamita la credibilidad y el legado del Gobierno socialista, también la imparcialidad de la tercera autoridad del Estado empeñada en utilizar el Congreso en beneficio de su propia formación. El final del ciclo político más agónico de la democracia entra en su fase final con un ejecutivo rodeado del mayor número de casos de corrupción, un ex presidente del Gobierno imputado, la justicia acosada e incluso el secuestro de instituciones como el Congreso que impide votar. Las exigencias de la oposición, el ultimátum de sus socios y el desconcierto de la militancia ante un panorama judicial cada vez más adverso, sitúan a Pedro Sánchez en un precipicio difícil de salvar, con el clamor de un adelanto electoral que ya no descarta si el Parlamento le tumba el remedo de Presupuestos para 2027. Marzo podría ser la alternativa al super domingo autonómico y local, salvo causa judicial todavía mayor.
La ministra 23
La presidenta de la Cámara baja se ha convertido ya en la “ministra 23”, según el PP, tras impedir el debate y votación por dos veces de la petición de adelanto electoral por el principal partido de la oposición, al considerar que la legislatura atraviesa una situación de bloqueo político y la necesidad de devolver la palabra a los ciudadanos con nuevas elecciones. La iniciativa, que sí aprobará el Senado con mayoría popular, es compartida por la formación de Puigdemont que solicita a Pedro Sánchez ejercer la potestad que le otorga la Constitución para disolver las Cortes. Los populares sostienen que la medida busca recuperar la confianza institucional y garantizar que el interés general prevalezca sobre los intereses partidistas.
Filibusterismo legislativo
La última censura de la presidenta Armengol se suma al filibusterismo aplicado desde hace tres años en el Congreso al mantener “congeladas” 44 leyes aprobadas por el Senado con la táctica de incluirlas en el cajón de las sucesivas prórrogas para su tramitación, hasta 88 en algunas de ellas. La Cámara mantiene también en tramitación otras 27 proposiciones de ley del grupo Popular –de contenido diverso– como la solicitud de cambiar la ley para reforzar la independencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), o la regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Semejante “subterfugio” acaba de ser condenado por unanimidad del Tribunal Constitucional al considerar una “práctica obstruccionista” injustificada. El alto tribunal condena la actuación de la Mesa de la cámara, con mayoría del PSOE y SUMAR, que lejos de favorecer que los diputados puedan “ejercer con mayores garantías su labor parlamentaria”, dificulta y obstruye dicha tarea al impedir que el procedimiento legislativo siga su curso.
Desde noviembre de 2023, el Senado ha aprobado y remitido al Congreso un total de 45 proposiciones de ley. Ninguna ha llegado a ponencia, ni tampoco ha sido dictaminada en comisión o votada en el Pleno. Todas acumulan sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, el equivalente parlamentario a un cajón cerrado a conveniencia de la mayoría del órgano de gobierno de la institución.
Clamor de adelanto sin super domingo electoral
Mientras Sánchez agita el mantra de agotar la legislatura en 2027, su partido engrasa la maquinaria electoral con la aprobación del calendario de primarias para las municipales y autonómicas. Su estrategia es decidir los principales candidatos a las elecciones del próximo mayo antes de finalizar el año. El descarte de un super domingo electoral por el propio presidente del Gobierno abre paso a un posible adelanto de las urnas por “causas externas”. La exigencia de la oposición, el apremio y presión de buena parte de sus socios y el cataclismo interno de su propia formación sitúan el mes de marzo como alternativa probable para convocar las urnas, sin descartar un adelanto todavía mayor ante el desarrollo y las sentencias de las múltiples y explosivas causas judiciales. La voluntad política ya ha pasado a depender de factores ajenos que el sanchismo no controla, como la contundencia de las investigaciones judiciales, los informes policiales, la declaración de imputados, nuevas revelaciones y, lo peor, las posibles condenas a los múltiples imputados.
Recta final de la regularización
El ejecutivo agiliza la masiva regularización de inmigrantes, casi millón a una semana de cerrar el proceso, además de la nacionalización de otros 2,4 millones de tataranietos de Pizarro y Cortés que tendrán derecho a votar gracias a la ley de Memoria Democrática con un aumento del censo.