Uno de los objetivos del gobierno socialcomunista que padece España el último lustro largo es imponer, en medio de un cierto aborregamiento social, ‘una memoria selectiva’. Hay víctimas que ocupan portadas, reciben homenajes institucionales, leyes específicas y reconocimiento político. Y hay otras, en cambio que son condenadas a un silencio administrativo que resulta tan injusto como doloroso. Por no decir vergonzoso y cobarde.
Ahora que tanto empeño se pone en reparar con la ‘Ley de Nietos’ y otras medidas partidistas la injusticia sufrida por miles de nuestros antepasados, vale la pena recordar -ante un ejecutivo que convierte sus instrumentos y sobre todo sus fines en pura ignominia- lo que ha ocurrido en más de medio siglo con las víctimas de ETA. En ésas, como es obvio de toda obviedad, se detiene el gobierno socialcomunista menos -en realidad ninguno lo ha hecho de verdad- porque para nada ayudan a sus fines electorales y descarados de alteración del censo electoral para las próximas elecciones generales. Pero los hechos son los hechos. Los niegue PS o sus porqueros, que los tiene a patadas, lamiendo sus botas y justificando o encubriendo sus fechorías.
Durante décadas, miles de españoles abandonaron el País Vasco y Navarra porque vivir allí se convirtió en un ejercicio de supervivencia. Empresarios, concejales, periodistas, jueces, policías, guardias civiles, profesores, funcionarios y ciudadanos de toda condición hicieron las maletas no por voluntad, sino porque ETA y su entorno habían convertido su tierra en un territorio hostil, invivible. No emigraron buscando oportunidades. Huyeron porque quedarse les costaba exactamente la salud y la vida.
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿dónde está la gran ley de reparación para esos exiliados? ¿Dónde está el reconocimiento institucional equivalente al que el Estado ha impulsado para otros colectivos, como los viejos republicanos? ¿Quién ha cuantificado el daño económico, profesional, familiar y psicológico que supuso abandonar la propia casa bajo la amenaza del terrorismo?
Resulta llamativo (pero de estos cuatreros que hacen equilibrios en el poder ya no sorprende nada) que el PSOE haya defendido en distintas ocasiones la ampliación del derecho de voto de determinados colectivos en el exterior y haya impulsado procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes, argumentando razones humanitarias, sociales o de integración. Son decisiones políticas legítimas que pueden compartirse o discutirse. Pero precisamente por eso muchos ciudadanos (amordazados por la maquinaria propagandística socialcomunista, gestionada por puros mastuerzos) se preguntan por qué esa sensibilidad no se ha traducido en una iniciativa de similar alcance dirigida a quienes fueron expulsados de facto de su propia tierra por el terror de ETA.
No se trata de enfrentar víctimas ni de negar derechos a nadie. Se trata de denunciar un evidente desequilibrio en las espurias prioridades políticas de PS. Mientras unos debates ocupan el centro de la agenda pública, otros se archivan ‘por el artículo 33’ en nombre de una supuesta normalidad que nunca llegó para quienes perdieron su hogar, su negocio o su proyecto de vida.
La democracia española tiene una deuda pendiente con quienes fueron desterrados por el terrorismo. No basta con reconocer a las víctimas mortales. Existieron miles de víctimas del miedo. Personas que cambiaron de ciudad, rompieron con su entorno, vieron fracasar empresas o carreras profesionales y crecieron con escoltas, amenazas o exilio interior.
Si España ha sido capaz de aprobar leyes de memoria para reparar injusticias históricas, resulta legítimo preguntarse por qué no existe una ley específica que reconozca, indemnice y dignifique a quienes fueron obligados a abandonar el País Vasco y Navarra por la violencia terrorista. Esa ausencia transmite un mensaje inquietante, por mucho que resbale al actual y amoral PSOE: hay sufrimientos que cuentan más que otros, según la conveniencia partidista del momento.
La memoria solo es completa cuando no distingue entre víctimas de primera y de segunda. Y la reparación solo merece ese nombre cuando alcanza a todos los que padecieron la violencia, sin excepciones sesgadas ni bastardos cálculos partidistas. También cuando alcanza a los que fueron desplazados por las pistolas, por los despojos y la escoria etarra. ¿Llegará pronto el momento en que PP y VOX puedan saldar esta sonrojante deuda de la democracia española?