Lo cual se evidencia al ver que más del 80 % de los asalariados, se encuentran, en la práctica, alrededor de esa cifra. Y cabe destacar que sistemáticamente, cada vez que se plantea un incremento de esta referencia salarial, se desencadena una cascada de críticas procedentes de determinados sectores empresariales, económicos y políticos que advierten de supuestas consecuencias catastróficas consecuentemente, para la economía. Sin embargo, conviene analizar la cuestión con serenidad, alejándose de los discursos alarmistas y atendiendo tanto a la realidad económica, como al interés general de la sociedad.
En primer lugar, no debe olvidarse que la recomendación de elevar progresivamente el salario mínimo no surge de una ocurrencia coyuntural, ni de una decisión aislada de ningún gobierno. Hace ya años que las instituciones europeas vienen señalando la necesidad de garantizar salarios dignos que permitan alcanzar los trabajadores y mantener así un nivel de vida adecuado. De hecho, ya hace más de tres años, se consideraba conveniente que el SMI alcanzara niveles cercanos a los 1.200 euros mensuales, una cifra que hoy incluso podría considerarse insuficiente, si se tiene en cuenta el incremento acumulado del coste de la vida, especialmente en aspectos tan esenciales como la vivienda, la energía, la alimentación o el transporte.
Además, resulta importante recordar que una gran parte de los asalariados ya perciben remuneraciones superiores al salario mínimo. Aunque realmente, no suele ser más de unos 150 euros, hablando en términos generales. Por lo tanto, en realidad, el impacto directo de estas subidas afecta principalmente a un porcentaje bastante limitado de trabajadores que se encuentran en los tramos salariales más bajos. Es decir, se trata precisamente de aquellas personas que más dificultades tienen para afrontar sus gastos cotidianos y que, con frecuencia, pese a estar empleadas, siguen encontrándose en una situación de vulnerabilidad económica que en demasiadas ocasiones, logran llegar a fin de mes de una manera dificultosa.
Los detractores de estas medidas suelen argumentar que un incremento salarial provoca inevitablemente, una reducción de la contratación laboral redundante en un aumento del desempleo e incluso una desaceleración económica. Lo cual sinceramente, no se encuentra de manera palmaria demostrado. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Pues el impacto de una subida salarial sobre los costes empresariales obviamente depende de numerosos factores como son el tamaño de la empresa, su productividad, su margen de beneficio, el sector en el que opera y su capacidad para adaptarse a nuevas condiciones de mercado. Y seguramente se habrán quedado más factores en el tintero. Generalizar por tanto afirmando que cualquier incremento del salario mínimo conducirá a una crisis económica, irrefutablemente carece de una base sólida y responde más a posiciones ideológicas que a un análisis riguroso de la economía.
Por lo tanto resulta especialmente llamativo que algunos sectores sociales anuncien escenarios de desastre económico cada vez que se plantea una mejora de las condiciones económicas laborales. Sin embargo, la experiencia demuestra de manera irrefutable, que las economías más avanzadas y competitivas suelen ser precisamente, aquellas donde los salarios permiten mantener niveles de vida dignos. No existe por tanto evidentemente una contradicción entre rentabilidad empresarial y remuneraciones justas a los Sres. Trabajadores. Pues se debe reconocer que la realidad es que de hecho, existen muchas empresas que continúan obteniendo beneficios significativos, mientras no les importa en absoluto que sus trabajadores vean como su capacidad adquisitiva se erosiona año tras año debido a la inflación.
Pero más allá de los balances y las cuentas de resultados empresariales, existe una cuestión fundamental que afecta al conjunto de la sociedad y que es obvio, que resulta ser que un salario mínimo insuficiente siempre, no perjudica únicamente a quienes lo perciben, sino que genera consecuencias negativas para toda la economía y consecuentemente por lógica, a la sociedad que integra. Pues es indiscutible que cuando una parte importante de la población dispone de ingresos insuficientes para cubrir adecuadamente sus necesidades básicas, disminuye su capacidad de consumo, sin hablar del impedimento para poder desarrollarse. Y ateniéndose estríctamente a la Economía, cuando disminuye el consumo, se resiente la actividad económica, se reducen las oportunidades de negocio y se limita el crecimiento de numerosos sectores productivos. Por poner un ejemplo, piénsese en que la formación vanguardista que sea requerida, estará fuera del alcance de esas personas, lo que abocará a una falta de eficiencia y consecuentemente productividad.
Por el contrario, cuando los trabajadores con menores ingresos ven incrementado su poder adquisitivo, ese dinero regresa rápidamente, por lo habitual, al circuito económico. No se destina a la especulación financiera, ni permanece inmovilizado; se emplea generalmente en comprar bienes, contratar servicios, pagar alquileres, consumir en comercios locales y satisfacer necesidades cotidianas. Este aumento de la demanda interna, de manera ineluctable, evidentemente favorece la actividad económica, impulsa la creación de riqueza y contribuye también a incrementar la recaudación fiscal del Estado, habitualmente mejorando las Sociedades.
Además, mantener salarios demasiado bajos implica que muchas personas trabajadoras deban depender, de forma directa o indirecta, de ayudas públicas para complementar ingresos insuficientes. En otras palabras, la sociedad acaba asumiendo parte del coste de unas remuneraciones que no permiten vivir con dignidad. Desde esta perspectiva, un salario mínimo adecuado no constituye únicamente, una medida de justicia social, sino también concretamente una herramienta de eficiencia económica.
El verdadero problema no es que exista un salario mínimo elevado, sino que dicho salario no guarde relación con el coste real de la vida. Un trabajador a jornada completa no debería jamás encontrarse en riesgo de pobreza, como ahora ocurre en demasiadas ocasiones. Si una persona trabaja y aún así, no puede acceder a una vivienda digna, afrontar gastos imprevistos o planificar mínimamente su futuro, el problema no radica en sus expectativas, sino en la insuficiencia de sus ingresos que obviamente no le permitirán llegar nunca a su óptimo y por ende tampoco a sus Sociedades.
Por ello, el debate sobre el SMI debería centrarse menos en los temores infundados y más en una cuestión esencial y que resulta ser indudablemente, qué tipo de sociedad queremos construir. Una economía saludable obviamente no puede medirse nunca, exclusivamente por los beneficios empresariales o por las cifras macroeconómicas. También debe evaluarse por su capacidad para generar bienestar, cohesión social y oportunidades para la mayoría de sus ciudadanos.
La historia económica demuestra que las sociedades más prósperas son aquellas en las que una mayor proporción de la población dispone de recursos suficientes para desarrollar una vida digna. Cuanto más amplia es la clase trabajadora con capacidad de consumo, ahorro y progreso, más sólida y resistente resulta ser la Economía en su conjunto. Por eso, lejos de constituir una amenaza, la mejora de los salarios más bajos, indefectiblemente representa una inversión en estabilidad, crecimiento y prosperidad colectiva.
En definitiva, si en algún momento se produce una desaceleración económica o una disminución del Producto Interior Bruto, difícilmente podrá atribuirse a una mejora moderada del salario mínimo. Existen factores mucho más determinantes en la evolución de la economía global. Lo que sí puede afirmarse con rotundidad es que una sociedad en la que quienes trabajan reciben una remuneración insuficiente para vivir dignamente, es de manera obvia, una sociedad que limita en realidad su propio desarrollo. Pues se debe recalcar que mejorar los salarios de quienes menos ganan, nunca será únicamente una cuestión de justicia; pues en la práctica es en realidad de manera irrefutable también, una apuesta racional por una economía más dinámica, equilibrada y sostenible para todos. Y que además insoslayablemente, beneficia a todos en la Sociedad. Si es que verdaderamente se persigue el progreso de las Sociedades, con el debido Desarrollo y además, el de todos sus integrantes. ¿O el objetivo es que sean sólo Sociedades esclavizadas y con un carácter meramente extractivo; excluyendo a individuos de sus familias y otros núcleos de coexión?.