Hay momentos en la vida pública en que los ciudadanos dejan de indignarse por un caso concreto de repugnante corrupción y empiezan a preguntarse si el problema no será ya el propio sistema, o como mínimo un partido, o incluso una ‘secta’ dentro de ese partido: pongamos que hablamos del ‘sanchismo’ como casta de amiguetes y cargos colocados a dedo, valga la redundancia, que vienen rodeando los últimos años al presidente del gobierno y que, hoy, bien están preventivamente entre rejas, bien imputados por delitos asociados al puro robo y caminito de Jerez.
Ésa sensación de que hay una banda de ladrones expoliando al pueblo es la que hoy recorre, indiscutiblemente, a buena parte de la sociedad española. ¡No a toda! Son de dominio público los vídeos de entrevistas a votantes socialistas que aseguran que seguirán votando al puño y la rosa hasta que se mueran… ¡y aunque les roben! ¡Con un par!
La sucesión de investigaciones judiciales, imputaciones y sospechas que afectan a personas vinculadas al entorno político de Sánchez (ahora el caso de Serrano y Correos) ha terminado por instalar una pregunta incómoda: ¿se ha confundido el ejercicio del poder con la ocupación del Estado para su vil, sostenido y criminal saqueo?
El salto a la abarrotada palestra de los investigados de Juan Manuel Serrano, histórico amigo de P.S., vuelve a colocar el foco sobre una forma de entender las instituciones profundamente equivocada, por no decir inaceptable y asquerosa. No se trata únicamente de un procedimiento judicial, que deberá resolverse con todas las garantías, sino del simbolismo político que representa: el tal Serrano no era un gestor cualquiera sino un amiguete, de la máxima confianza de P.S., situado al frente de una de las mayores empresas públicas del país, por desastroso que sea -dicho sea de paso- su funcionamiento ordinario.
El gobierno de España ha convertido la afinidad personal y la obediencia ciega en criterios de acceso a puestos de enorme responsabilidad, siendo un hecho innegable que los nombramientos de personas próximas al núcleo del poder han echado a la cuneta los criterios de mérito y experiencia, no digamos el de excelencia.
Cada caso tiene su propia naturaleza y deberá dirimirse individualmente, pero el resultado político es devastador; sobre todo, porque las tramas, las cloacas, se entremezclan y solapan: el sanchismo rodeado por la sospecha y acechado por los barrotes. Ahí estamos.
Una democracia sana exige que las instituciones sean independientes de los intereses personales y partidistas. Los cargos públicos no pueden convertirse en premios para ineptos, enchufados y otras especies del montón, para compañeros de militancia o personas lerdas cuyo mayor mérito ha sido el de poner carteles o poner tuits para el amado líder.
El Estado pertenece a todos los españoles, no al partido que gobierna ni a quienes ocupan temporalmente el poder. La ejemplaridad no consiste solo en no ser condenado (¡hasta ahí podíamos llegar!), sino en evitar que la más mínima sombra de duda comprometa -cada día, cada hora y casi cada minuto- el prestigio de las instituciones.
Cuando los ciudadanos perciben que el poder se ejerce para beneficiar a un círculo de fieles, la palabra que aparece en el debate público es demoledora: ‘cleptocracia’. Los primeros guardianes del interés general, con P.S., se han convertido en una banda de zotes y sepultureros. ¿Quién será el siguiente-presunto-delincuente?