La polémica que rodea al jefe de la Policía Local de Llançà, Òscar Soler Bosch, ha superado definitivamente el ámbito municipal. El medio nacional Periodista Digital se ha hecho eco este domingo de los mensajes privados que, según denuncian cinco usuarios de las redes sociales, habría enviado el mando policial para exigir la retirada de comentarios críticos y advertir de posibles acciones penales. La difusión de la información ha provocado una nueva reacción. Agentes pertenecientes a distintas policías locales se han puesto en contacto con esta redacción para asegurar que las actitudes intimidatorias atribuidas a Soler no afectarían únicamente a ciudadanos y medios de comunicación, sino también a algunos de sus propios subordinados.
Los policías consultados coinciden en cuestionar una forma de ejercer la jefatura que, según sus manifestaciones, generaría tensión y temor dentro del cuerpo. Uno de ellos lo resume con contundencia:
«Es una pena que en la Policía haya gente así. Este personaje no representa a la Policía Local».
Estas declaraciones suponen un nuevo golpe para la imagen de la jefatura de Llançà. Hasta ahora, la controversia se había centrado principalmente en los mensajes dirigidos a usuarios críticos. Los nuevos testimonios incorporan una dimensión interna y apuntan directamente al modelo de dirección implantado por Soler.
Las afirmaciones trasladadas por los agentes constituyen testimonios periodísticos y no equivalen, por sí solas, a una resolución administrativa o judicial. Sin embargo, su coincidencia y la procedencia policial de las fuentes aumentan la gravedad de una polémica que ya ha alcanzado repercusión nacional.
La información publicada por Periodista Digital recoge el caso de tres usuarios de Instagram y dos de Facebook que aseguran haber recibido mensajes privados de contenido prácticamente idéntico después de publicar opiniones negativas sobre Òscar Soler, la actuación de la Policía Local o la gestión general del municipio.
En estas comunicaciones, Soler se presentaría expresamente como jefe de la Policía Local de Llançà, exigiría la retirada inmediata de los comentarios y advertiría de posibles consecuencias penales. También aseguraría haber puesto el asunto en manos del gabinete jurídico SICPOL, vinculado a jefes y mandos policiales de Cataluña.
Los destinatarios consideran que el tono empleado, la referencia expresa al cargo policial y la exigencia de borrar inmediatamente las publicaciones tenían un claro efecto intimidatorio.
La controversia no se limita al derecho de Soler a proteger su honor, una posibilidad reconocida a cualquier ciudadano. El debate se centra en si un mando policial puede utilizar el peso institucional de su cargo para dirigirse privadamente a ciudadanos que cuestionan públicamente su gestión.
Anunciar una denuncia o una querella no constituye por sí mismo un delito de amenazas. Sin embargo, tampoco todos los comentarios críticos dirigidos contra un responsable público pueden calificarse automáticamente como calumnias o injurias. El Código Penal distingue entre las opiniones, las críticas, las injurias graves y la imputación consciente de hechos falsos.
La condición de jefe policial no sitúa a Soler fuera del derecho a la crítica. Al contrario, sus decisiones profesionales y la situación del cuerpo que dirige son asuntos de evidente interés público.
A los mensajes privados se añadió posteriormente un comunicado difundido desde los perfiles oficiales de la Policía Local de Llançà. El texto exigía la rectificación de las informaciones publicadas, anunciaba posibles acciones civiles y penales y advertía de que se solicitaría judicialmente la identificación de perfiles y direcciones IP.
La utilización de los canales oficiales del cuerpo para responder a una controversia que afecta personalmente a su jefe abrió nuevas dudas. Los ciudadanos cuestionaron si se estaba produciendo una confusión entre la defensa particular del honor de Òscar Soler y la comunicación institucional de un servicio público municipal.
Las nuevas declaraciones recibidas desde diferentes cuerpos policiales intensifican ahora esta controversia. Según estos agentes, la presión denunciada por los usuarios en las redes sociales sería compatible con una manera de dirigir que también habría provocado malestar entre miembros de la propia Policía Local.
La polémica aparece en uno de los momentos más delicados para la Policía Local de Llançà. El cuerpo acumuló al menos 21 bajas, ceses, renuncias o finalizaciones de nombramientos durante 2024 y 2025, según los informes municipales solicitados por ERC.
No se trata solamente de bajas médicas o ausencias temporales, sino de agentes que dejaron de prestar servicio en Llançà por diferentes razones laborales o administrativas.
La elevada rotación salió a la luz durante el debate municipal sobre la creación de una unidad canina destinada a la prevención y detección del tráfico de drogas. La propuesta fue aprobada inicialmente con nueve votos favorables y dos abstenciones.
ERC aclaró que no se oponía a la incorporación del perro policial, pero reclamó que el Ayuntamiento priorizara la cobertura de las cinco plazas vacantes y la estabilización de la plantilla. Su portavoz, Guillem Cusí, advirtió del coste económico y operativo que supone seleccionar, contratar y formar constantemente a agentes que después abandonan el cuerpo.
Las 21 salidas contrastan con los objetivos que la propia Policía Local publica en la página municipal: consolidar una plantilla estable, fomentar la proximidad, garantizar la seguridad ciudadana y afianzar la oficina de denuncias.
La gestión de la Policía Local depende políticamente del Gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Núria Escarpanter, de Junts, que mantiene un acuerdo con el PSC.
El responsable directo del Área de Seguridad Ciudadana y Vía Pública es Josep Ortiz de Zárate, conocido como Pep Ortiz. La página oficial del Ayuntamiento le atribuye el mando superior de la Policía Local, la dirección de Seguridad Ciudadana, la jefatura superior del personal adscrito y las relaciones con otros cuerpos policiales.
El currículo municipal también señala que Ortiz acumula 24 años de experiencia profesional como agente funerario.
Por tanto, la responsabilidad política sobre el funcionamiento del cuerpo no corresponde únicamente a Òscar Soler. También alcanza al concejal de Seguridad y a una alcaldesa que, pese a las numerosas críticas vecinales y comerciales, no ha conseguido frenar el deterioro de la imagen de la Policía Local.
La crisis interna coincide con un creciente malestar entre comerciantes, responsables de supermercados y vecinos. Algunos establecimientos denuncian hurtos reiterados y aseguran que, cuando quieren formalizar una denuncia en las dependencias de la Policía Local, se encuentran con que la persona encargada de recogerla no está disponible.
Según explican los afectados, en estos casos se les deriva a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Figueres. Esto supone recorrer aproximadamente 20 kilómetros de ida y otros 20 de vuelta.
Cuando el valor de los productos sustraídos no es elevado, algunos comerciantes terminan desistiendo de denunciar por la pérdida de tiempo y la necesidad de abandonar temporalmente sus negocios. Esta situación puede provocar que determinados hechos no aparezcan en las estadísticas oficiales y aumentar la sensación de impunidad.
También se han producido quejas por la respuesta policial ante la presunta venta de alcohol durante la madrugada en una tienda de alimentación. Vecinos aseguran que una patrulla permaneció muy poco tiempo en el establecimiento después de recibir un aviso y que desconocen si se levantó acta o se abrió algún expediente.
A las críticas por la seguridad se suma el mal estado de numerosas calles. Un hombre que circulaba en bicicleta sufrió recientemente una fuerte caída en la zona de la Gola, quedó tendido en el suelo sin poder levantarse y tuvo que ser trasladado al hospital.
Después de publicarse las imágenes, numerosos vecinos denunciaron la existencia de agujeros, grietas, gravilla, desniveles y aceras deterioradas en distintos puntos de Llançà. Una familia aseguró que cuatro de sus integrantes habían sufrido caídas como consecuencia del estado del pavimento.
Tras casi tres años del actual mandato municipal, el Ayuntamiento ha comenzado a tapar algunos de estos agujeros pocos días después de que las denuncias vecinales alcanzaran una importante repercusión mediática.
La polémica también ha recuperado el debate sobre la anterior etapa profesional de Òscar Soler en Cadaqués. Algunos comentarios en las redes sociales aseguran que fue expulsado de aquel cuerpo, pero la hemeroteca disponible no permite presentar esa afirmación como un hecho probado.
En marzo de 2014, diferentes medios informaron de que Soler abandonaría la jefatura de la Policía Local de Cadaqués después de la difusión de mensajes racistas y vejatorios procedentes de un grupo policial de WhatsApp.
Soler negó haber escrito las expresiones que se le atribuían, aseguró que las conversaciones habían sido manipuladas y rechazó que su salida fuera una dimisión. Posteriormente regresó a su plaza en la Policía Local de Llançà.
Doce años después, el mando policial vuelve a estar en el centro de una fuerte controversia. Esta vez, por mensajes privados dirigidos a ciudadanos críticos, por el uso de canales institucionales para anunciar acciones legales y por las afirmaciones de otros agentes que cuestionan su forma de dirigir.
La Policía Local es una institución esencial para cualquier municipio y no puede confundirse con la actuación personal de uno de sus mandos. Las nuevas denuncias reclaman explicaciones tanto de Òscar Soler como del concejal Pep Ortiz y del Gobierno municipal de Junts y PSC.
Esta redacción incorporará cualquier explicación o documentación que aporten el jefe policial, el concejal de Seguridad o el Ayuntamiento de Llançà sobre los hechos descritos.