Una documentación oficial del Ayuntamiento de Llançà consultada y contrastada por este medio abre un nuevo frente político en el gobierno municipal encabezado por Núria Escarpanter. El expediente 639/2023 recoge la concesión de unas condiciones excepcionales para fraccionar una deuda contraída con el consistorio por una persona identificada en el acta mediante las iniciales J.O.D.Z., coincidentes con las del actual concejal de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, Josep Ortiz de Zarate i Perals, conocido en el municipio como Pep Ortiz. El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante la Junta de Gobierno Local celebrada el 21 de marzo de 2023 y presidida por la alcaldesa Núria Escarpanter. Según consta en el documento, el interesado había presentado el 9 de marzo una solicitud para abonar la deuda en 60 cuotas mensuales, pese a que ya se encontraba en periodo ejecutivo de recaudación.
En aquel momento, Ortiz todavía no era concejal de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, según la información recabada por este medio, Junts per Llançà ya contaba con él para integrar la candidatura encabezada por Núria Escarpanter en las elecciones municipales del 28 de mayo. Su incorporación quedó oficializada semanas después como número cuatro de la lista electoral y finalmente resultó elegido concejal. La candidatura publicada oficialmente confirma que Ortiz ocupaba ese cuarto puesto en la lista de Junts. Esta proximidad política y temporal alimenta las sospechas de que las condiciones excepcionales concedidas pudieron constituir un trato de favor, aunque el expediente, por sí solo, no acredita esa motivación. El fraccionamiento se autorizó durante 60 meses, por lo que, si no se ha producido una cancelación o amortización anticipada, sus efectos continuarían vigentes y beneficiando actualmente al concejal. (Candidatura oficial de las municipales de 2023)
La relevancia del expediente reside en que la petición superaba ampliamente las condiciones ordinarias establecidas por Xaloc, el organismo de la Diputación de Girona encargado de la recaudación ejecutiva. La normativa determina que las deudas superiores a 9.000 euros pueden fraccionarse, con carácter general, durante un máximo de 30 meses. Sin embargo, el Ayuntamiento autorizó que el plazo se ampliara hasta las 60 mensualidades solicitadas.
De esta manera, el beneficiario obtuvo el doble del periodo ordinario de pago.
La Junta de Gobierno no se limitó a ampliar el plazo. También acordó dispensar al interesado de la obligación de presentar una garantía para obtener el fraccionamiento.
El acta señala que en el expediente de apremio constaba una anotación preventiva de embargo sobre una finca a favor del Ayuntamiento de Llançà. También indica que existía un informe de Intervención elaborado a partir de los datos y cantidades incorporados al procedimiento, aunque la versión pública del acuerdo no detalla el importe exacto, las circunstancias económicas alegadas ni los motivos concretos utilizados para justificar unas condiciones tan favorables.
La decisión encontraba cobertura en el artículo 85.4 de la ordenanza de Xaloc y en el artículo 53 de la ordenanza fiscal municipal, que permiten al ente acreedor modificar los plazos máximos y dispensar garantías cuando se acrediten dificultades económicas o financieras.
Por tanto, el documento consultado no demuestra por sí solo la existencia de una ilegalidad, pero sí confirma que el Ayuntamiento aplicó una excepción importante respecto al régimen general: amplió el fraccionamiento de 30 a 60 meses y eliminó la exigencia de aportar una garantía.
El acuerdo tampoco supuso la condonación de la deuda. El importe debía continuar abonándose, pero bajo unas condiciones considerablemente más ventajosas que las previstas con carácter ordinario.
El expediente deja varias preguntas sin respuesta. El Ayuntamiento debería aclarar qué dificultades económicas justificaron la ampliación, si se aplicaron los mismos criterios a otros vecinos con deudas municipales similares, cuál era el importe total reclamado y si el calendario de 60 cuotas continúa actualmente vigente.
También resulta necesario conocer cuántas dispensas de garantía y ampliaciones hasta cinco años fueron autorizadas durante aquel ejercicio, qué porcentaje correspondió a ciudadanos sin responsabilidades políticas y si el fraccionamiento concedido a Ortiz se está cumpliendo o fue liquidado anticipadamente.
Estas explicaciones son esenciales para determinar si se trató de una aplicación objetiva de la ordenanza o de un trato singular hacia una persona que, según la información recabada, ya se encontraba vinculada al proyecto electoral de Junts per Llançà.
Josep Ortiz no aparece entre los asistentes relacionados en el acta de aquella Junta de Gobierno, por lo que no consta que participara en la deliberación ni en la votación del acuerdo. La sesión estuvo presidida por Núria Escarpanter y la autorización fue aprobada por unanimidad de los integrantes presentes.
La publicación del expediente ha provocado indignación entre algunos comerciantes y vecinos de Llançà, que comparan las facilidades concedidas con las obligaciones tributarias que deben afrontar el resto de los ciudadanos.
Un comerciante de la zona del puerto, cuya identidad preserva este medio, ha reaccionado de manera contundente al conocer el contenido del acuerdo: «Sí, hi ha favoritismes, són uns porcs».
La declaración refleja el creciente malestar existente en una parte del municipio, aunque será la documentación completa y la comparación con otros expedientes similares la que deberá determinar si existió realmente un favoritismo político.
La aparición de esta documentación se produce mientras el concejal de Seguridad Ciudadana se encuentra en el centro de otra controversia relacionada con la Policía Local. Durante los últimos días, diferentes medios han publicado las denuncias de usuarios de redes sociales y agentes que atribuyen al jefe del cuerpo, Òscar Soler Bosch, presuntas conductas intimidatorias contra personas críticas y contra algunos de sus propios subordinados.
Estas acusaciones deben ser tratadas como tales mientras no exista una resolución judicial o administrativa que las acredite, pero han situado nuevamente la gestión municipal de la seguridad bajo el foco público.
A ello se suman las críticas de comerciantes que denuncian hurtos reiterados, dificultades para presentar denuncias en Llançà y una sensación creciente de desprotección ante la actuación del gobierno municipal.
El Ayuntamiento también está cuestionado por su política urbanística. SOS Costa Brava y la IAEDEN–Salvem l’Empordà mantienen abiertos varios frentes contra proyectos impulsados en el municipio, especialmente el Plan de Mejora Urbana de la Farella y el sector de Super Fener.
Las entidades ecologistas denuncian que el proyecto de la Farella no se sometió a una evaluación ambiental completa pese a afectar a un pinar mediterráneo que consideran un hábitat de interés comunitario. También advierten de que los bloques previstos consolidarán una pantalla edificatoria frente al mar y eliminarán la última transición natural entre la trama urbana y la fachada litoral.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite el 16 de octubre de 2025 el recurso contencioso-administrativo contra el PMU de la Farella. El procedimiento continúa pendiente de resolución y, por ahora, no se ha hecho pública ninguna decisión sobre el fondo del caso.
El otro proyecto cuestionado es Super Fener, situado entre Llançà y el Port de la Selva y muy cerca del Parque Natural del Cap de Creus. SOS Costa Brava alerta de su ubicación en unos terrenos con fuertes pendientes y del elevado impacto ambiental y paisajístico que puede provocar su urbanización.
El expediente sobre la deuda de Pep Ortiz añade ahora un nuevo interrogante a la gestión de Núria Escarpanter. El Ayuntamiento actuó dentro de una posibilidad prevista por la ordenanza, pero deberá explicar públicamente por qué concedió unas condiciones tan excepcionales, qué criterios utilizó y si cualquier vecino de Llançà habría recibido exactamente el mismo trato.