La verdad es que lo vivido en los perímetros fronterizos no es un accidente geográfico ni un imprevisto de la naturaleza. Cuando miles de personas avanzan hacia la valla o se lanzan al agua bajo la mirada impasible de la Gendarmería marroquí, no estamos ante un simple drama humano desbordado; presenciamos, con una mezcla de impotencia e indignación, el uso calculado de la presión migratoria como herramienta geopolítica, consentida por una inacción gubernamental que resulta difícil de justificar.
En lo que va de año, más de 2.000 personas han logrado cruzar a Ceuta y Melilla por vía terrestre y a nado, con picos de presión insostenibles que han llevado a miles de intentos concentrados en cuestión de horas o días, lo que representa un incremento superior al 300% respecto a ejercicios anteriores en la frontera terrestre. Si sumamos las cifras a nivel nacional, los balances oficiales del Ministerio del Interior reflejan que decenas de miles de personas continúan ingresando de manera irregular por distintos puntos de la geografía española. Pero tras estas cifras secas hay ciudades colapsadas, recursos asistenciales al límite y una sensación amarga entre los vecinos de que la soberanía nacional se ha vuelto una moneda de cambio negociable.
La geometría del desinterés: ¿por qué no se actúa?
Y es que resulta inevitable preguntarse por qué Moncloa responde con tibieza y palabras huecas ante lo que en cualquier otro Estado soberano se consideraría una crisis de seguridad de primer orden. Para entender la pasividad del Gobierno hay que mirar más allá del mapa fronterizo y conectar los puntos con la agitada agenda política nacional.
Por un lado, existe un evidente cálculo electoral a medio y largo plazo. La constante flexibilización de los procesos de regularización y el debate recurrente sobre la concesión de derechos políticos o nacionalizaciones exprés generan un caladero de futuros electores que, inevitablemente, tenderán a respaldar a las formaciones progresistas que facilitaron su permanencia. Es un engranaje político conocido: la conversión de la vulnerabilidad migratoria en una base electoral cautiva para el Ejecutivo de turno.
Por otro lado, la crisis fronteriza actúa como una oportuna pantalla de humo. Mientras la opinión pública y los medios concentran sus focos en las imágenes desgarradoras de la valla, las patrulleras y los centros de estancia temporal abarrotados, el debate diario se desplaza de la primera línea mediática. ¿El resultado? Se amortigua el impacto de las sucesivas investigaciones judiciales por presunta corrupción que acorralan al entorno del Gobierno y a altos cargos del partido. La inacción en el Sur no es simple torpeza administrativa; para el poder actual, gestionar el caos migratorio es un contrapeso mediático que ayuda a diluir las exigencias de responsabilidad política por los escándalos financieros y las tramas de favoritismo que amenazan su continuidad.
El impacto en el terreno: cohesión social rota y repunte de la criminalidad
La factura de esta permisividad no la pagan los despachos de Madrid, sino los barrios de Ceuta, Melilla, el archipiélago canario y las zonas de acogida en la Península. La verdad es que la cohesión social se resiente cuando los servicios públicos desde la sanidad básica hasta los centros de menores y la seguridad ciudadana sufren un desgaste continuado sin el respaldo económico ni logístico necesario.
Uno de los aspectos más preocupantes y palpables para la ciudadanía es el deterioro de la seguridad pública en los puntos con mayor presión migratoria.
La falta de control en las entradas, unida a la saturación de los recursos de acogida y a la falta de alternativas de integración real para miles de personas que quedan en situación de vulnerabilidad o marginalidad, ha derivado en un aumento notable de las infracciones penales en las zonas afectadas:
- Repunte de la delincuencia común: En autonomías y localidades receptoras de flujos continuos se han registrado incrementos de entre el 15% y el 30% en delitos contra la propiedad (hurtos, robos con fuerza y robos con violencia en la vía pública), concentrados especialmente en las inmediaciones de los centros de estancia e infraestructuras de acogida provisional.
- Tensión en los centros de menores (NOEMAs): La saturación de los centros de menores no acompañados, que en algunas regiones superan en más de un 200% su capacidad máxima, ha generado problemas severos de convivencia. Informes policiales y balances de seguridad reflejan un aumento significativo en las intervenciones por reyertas, agresiones y desórdenes públicos en los barrios limítrofes a estos centros.
- Saturación de infraestructuras de acogida: Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) operan de forma habitual muy por encima de su capacidad nominal, lo que genera tensiones internas que a menudo trascienden a las calles de las ciudades autónomas y municipios receptores.
- Sensación de desprotección y brecha institucional: Vecinos y comerciantes locales experimentan una creciente incertidumbre económica y de seguridad. Sienten que sus barrios se han convertido en laboratorios de ensayo de políticas fronterizas fallidas, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado operan con plantillas mermadas y falta de medios materiales para hacer frente al repunte delictivo.
- Fractura del tejido social a nivel nacional: A medida que la distribución de personas se traslada a distintas comunidades autónomas sin la debida planificación, coordinación con las autoridades locales ni transparencia, se acentúa la polarización social y la desconfianza de la ciudadanía hacia la capacidad del Estado para garantizar la tranquilidad en sus calles.
Consecuencias a futuro: el desgaste irreversible de la soberanía
Si la respuesta institucional sigue siendo la mirada hacia otro lado y la subordinación a los dictados de Rabat, las repercusiones a largo plazo serán profundas e irreversibles. A nivel internacional, España proyecta una imagen de vulnerabilidad que condiciona su capacidad de negociación en el marco de la Unión Europea y la debilita como frontera exterior del espacio Schengen.
A nivel interno, el consentimiento implícito de la entrada irregular resquebraja la confianza en el Estado de derecho: cuando la ley se aplica de forma rigurosa para el ciudadano de a pie en sus impuestos y obligaciones diarias, pero se diluye en las fronteras y en el mantenimiento del orden público por conveniencia partidista, la legitimidad de las instituciones queda seriamente tocada.
Mirar hacia otro lado mientras la frontera se agrieta y la seguridad ciudadana se degrada puede ofrecer una tregua mediática temporal a un Gobierno cercado por las sospechas de corrupción. Sin embargo, la factura social, económica y geopolítica que acumula el país la terminarán pagando las próximas generaciones. Y esa, lamentablemente, es una deuda que ningún titular ni ninguna maniobra de distracción podrá condonar.