EL USO DE LAS TARJETAS SE PROPICIÓ "DESDE ARRIBA"
Entregaron las tarjetas a consejeros y directivos sin control de gastos ni ningún tipo de contrato y se encubrían los gastos en la contabilidad para burlar a auditores y supervisores
Redacción | Martes 21 de octubre de 2014
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cree que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y uso en provecho propio de tarjetas opacas al fisco, que entregaron además a consejeros y directivos sin controlar la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual. Ha quedado demostrado que el uso presuntamente fraudulento y en provecho propio se difundió, aumentó y consolidó durante el largo mandato de Blesa y se mantuvo durante el corto mandato de Rodrigo Rato, quien continuó emitiendo tarjetas de este tipo que eludían incluso los controles internos. El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este jueves en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal y les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres millones para Rato. Blesa ya ha admitido que no podrá entregar dicha fianza, por lo que asume el embargo de sus bienes.
El instructor asegura que ambos presidentes utilizaron "en provecho propio" las tarjetas y las entregaron a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos, lo que "supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo". El auto añade que no consta que los importes estuvieran "conectados a gastos de representación o relacionados con actividades profesionales" de los usuarios de las tarjetas ni que se declararan a Hacienda.
En concreto, Rato está acusado de un delito de administración desleal por continuar con la práctica, autorizando la emisión de nuevas tarjetas y el gasto que generaban. El juez especifica que dicho gasto "está contabilizado de forma encubierta para evitar el control de los auditores y los órganos suprevisores". Los mismos razonamientos jurídicos se aplican en el auto sobre Miguel Blesa.
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.