CASO BANCO MADRID
· Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, se hace eco de la inquietud de Ausbanc que se refleja en la portada del último número de Mercado de Dinero
Redacción | Domingo 31 de mayo de 2015
La CNMV y la Dirección General de Seguros han asumido su función legal de defensa de los intereses de los inversores de fondos de inversión y fondos de pensiones puestos en cuestión por la administración concursal del banco. Los medios de comunicación se hacen eco hoy de la advertencia de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, a los administradores concursales de Banco Madrid, señalando que podría pedir responsabilidades a la administración concursal de la entidad si no colabora a la hora de permitir que los inversores recuperen su dinero, según ha afirmado en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
Desde Ausbanc ya venían anunciando que la intervención no podía acabar bien y los hechos nos dan la razón: los administradores concursales han agravado aún más el problema poniendo la Ley Concursal por encima de la Ley Nacional del Mercado de Valores y de la legislación referente a fondos de pensiones.
De todos es conocido que uno de los problemas de este país es el exceso de regulación normativa que permite una interpretación de las leyes muy “sui generis” y a veces contradictoria.
En el caso concreto de Banco Madrid el problema se plantea cuando los administradores concursales deciden que la liquidez existente en el banco de las gestoras de fondos de pensiones y de inversión deben formar parte de la masa de la quiebra, incumpliendo lo establecido en los artículos 85.5 del Reglamento de Fondos de Pensiones y el artículo 6 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, pensados precisamente por el legislador para estas situaciones de insolvencia. Lo que más llama la atención es que se haya dispuesto de la tesorería de la entidad para devolver sus depósitos al Banco Central Europeo y a los bancos Unicaja y Crédit Agricole: más de 400 millones de euros han que han salido del balance del banco para restituir sus depósitos a las entidades citadas sin tener en cuenta los intereses de los otros depositarios. En concreto, 294 millones de euros fueron a parar al Banco Central Europeo y 127 millones a Unicaja y Crédito Agricole por operaciones provenientes del mercado interbancario. Incluso la Universidad de Navarra logró sacar sus depósitos en día antes de que se bloqueasen las cuentas al resto de clientes.
En concreto el artículo 85.5 del Reglamento de Fondos de Pensiones establece que “la disolución, el procedimiento concursal de las entidades gestora o depositaria y su exclusión del registro administrativo producirá el cese en la gestión o custodia del fondo o fondos de la entidad afectada” para continuar diciendo que “si la entidad que cesa en sus funciones fuese la depositaria, los activos financieros y efectivo del fondo serán depositados en el Banco de España, en tanto no se designe sustituta.” Algo que, evidentemente, no se ha hecho.
Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que regula los fondos de inversión, dice que “el patrimonio de los fondos de inversión no responderá por las deudas de los partícipes, sociedades gestoras o depositarios.”
El incumplimiento de estos dos preceptos por parte de los administradores concursales ha sumido todo el proceso en un auténtico enredo que, sin duda, debería producir cambios legislativos y operacionales en el sistema financiero español. Se trata de evitar que el futuro que los clientes sufran el bloqueo o las malas interpretaciones.
Al contrario de lo manifestado por el magistrado Carlos Nieto, titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid, en el foro internacional organizado por Ausbanc Abogados el pasado 22 de abril, todo apunta a que el proceso no se resolverá judicialmente antes de tres o cuatro años, tiempo que, en realidad supone una eternidad, máxime teniendo en cuenta las pocas operaciones que han trascendido como sospechosas de blanqueo de capitales. Una vez más se ha actuado con precipitación, sin medir las consecuencias que iba a tener la intervención para los clientes de buena fe de Banco Madrid.