Economía

Las legislaciones de España y los juegos de azar

SITUACIÓN DE LOS JUEGOS ONLINE

La Comisión Nacional del Juego (CNJ) tiene como enfoque principal el defender y representar a la Ley 12/2011 del 27 de mayo

Redacción | Sábado 21 de enero de 2017
España es un país donde los juegos de azar hacen parte de una gran tradición. Los aficionados a las apuestas cuentan con todo el respaldo del gobierno, para poder disfrutar de las opciones como los casinos y demás juegos de azar. De hecho, el mismo Ministerio de Hacienda, es el que se hace cargo de expedir todos los tiquetes numerados de la Lotería Nacional de España, la cual se celebra en diciembre de cada año, permitiéndole a una familia española convertirse en millonaria de la noche a la mañana. Es por ello, que en esta nación existe todo el peso de legislaciones para defender los derechos de los apostadores, lo mismo que una comisión a cargo de realizar consultorías e intervenciones a las empresas del mismo sector.

Esta entidad es conocida con el nombre de la Comisión Nacional del Juego (CNJ), la cual, en el momento, tiene como enfoque principal el defender y representar a la Ley 12/2011 del 27 de mayo, la cual está firmada por el Rey Juan Carlos. Algunas de las clausulas de dicha resolución son:

Artículo 6. Prohibiciones objetivas y subjetivas.

1. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organización, explotación y desarrollo de los juegos objeto de esta Ley que, por su naturaleza o por razón del objeto sobre el que versen:

a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente.

b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas.

c) Recaigan sobre eventos prohibidos por la legislación vigente.

2. Desde un punto de vista subjetivo, se prohíbe la participación en los juegos objeto de esta Ley a:

a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que establezca la normativa civil.

b) Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme.

c) Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos(…)

d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

Estas estipulaciones solo representan una parte de dicha legislaciones, la cual a través de definiciones, prohibiciones y especificaciones, logran construir todo el cuadro legal que deben representar las instituciones de los juegos de azar. Hay que tener presente que esta legislaciones, dada la fecha de expediciones, es decir, del 21 de mayo del 2011, ya empieza a cobijar todo lo relacionado a las plataformas de juego online, como lo son los casinos en línea. Este es un paso que adelanta a todo lo que ya venía siendo representado por el Real Decreto de la Ley 16/1977, la cual fue firmada por el Rey Juan Carlos el 25 de febrero de 1997. Allí, ya se consagraban todas las leyes referentes a los juegos de azar como casinos, loterías o juegos de televisión, entre muchos más.

La ley que acata en este momento la Comisión Nacional del Juego en España, es una síntesis entonces de todo lo que representaba esta legislación expedida hace 40 años. Esto implica que hoy en día, al igual que en aquella época, un jugador que vea violentado sus derechos puede realizar una demanda legal bajo todo el amparo y protección que le brinda el gobierno de cara a estas legislaciones. Leyes que por cierto están enfocadas a efectuar impuestos y deducciones, tanto a los mismos casinos como a sus jugadores, para ser invertidos en todo lo relativo al sector de la salud pública, la educación y las fundaciones de caridad.

Sin embargo, la cuestión de las políticas aplicadas por España a los aficionados al juego como también a los mismos casinos, (independiente de si estos son online o con sede propia) va mucho más allá. Ya que este país, al ser parte de la Unión Europea, ha suscrito todas sus legislaciones a lo que representa este organismo de países asociados.

Un ejemplo de ello es la Resolución del 10 de marzo del 2009, creada por el Parlamento Europeo: una resolución que nació ante la evidencia del año 2004 en la que toda Europa, solo en lo referente a los casinos en línea estaba facturando una suma cercana a los 3.000 millones de dólares. Y estadísticamente, dicho monto representaba el 5% de todo lo que hasta entonces se facturaba en relación a otros juegos nacionales como loterías y juegos de azar, incluyendo al mismo tiempo a los casinos provistos de sede propia.

Una de las clausulas más concretas al respecto de la Resolución del 10 de marzo del 2009 es el siguiente literal:

G. Considerando que la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra diez Estados miembros para verificar si las medidas nacionales que limitan la prestación transfronteriza de juegos de azar en línea, en particular las apuestas deportivas, son compatibles con el Derecho comunitario; que, tal y como ha puesto de relieve la Comisión, estos procedimientos no tienen repercusiones sobre la existencia de monopolios o de loterías nacionales, ni sobre la liberalización de los mercados de los juegos de azar en general.

Con este literal, lo que se logra de entrada es que todo apostador europeo, tiene el derecho de estar siendo respaldado en sus derechos, sin importar el país desde el cual este obteniendo las ganancias de los juegos online. Si un apostador alemán, por ejemplo, ha escogido como plataforma de juego a un casino online español, entonces se le aplicarán las mismas legislaciones, contando con el apoyo de la Unión Europea en el caso de que sus derechos sean violentados.

De este modo, en lo referente a legislaciones, España se encuentra del todo preparada para ejercer el peso del gobierno sobre todas las instituciones de juego de azar y sus mismos apostadores.