La canciller venezolana, Delcy Rodriguez, antes de abandonar el salón como protesta, afirmó que “nosotros no reconocemos ésta reunión como tampoco reconocemos el resultado que de ella devenga, lo que de aquí salga, Venezuela no lo va a avalar”.
A la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz se le ha ocurrido rechazar el proceso de la reforma a la Constitución de Maduro y presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Los nuevos representantes que serían seleccionados para reformularla no están contemplados en la ley Constitucional vigente.
Al mismo tiempo la Fiscal abrió un proceso al general Gustavo González López director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en las protestas que han dejado más de 80 muertos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido condecorar a González como héroe de la patria y premiarlo con un ascenso.
El Tribunal Supremo de Justicia, además de rechazar el recurso, le ha prohibido la salida del país y sus cuentas bancarias, bienes y propiedades han sido congelados. La Fiscal ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección a todos los empleados del Ministerio Publico.
De acuerdo a la legislación vigente, es la Asamblea Nacional que puede remover a la Fiscal, pero resulta que la Asamblea está en “desacato” y sus actos son considerados NULOS.
El gobierno venezolano a través de su vicepresidente Tareck El Aissami acusa a la Fiscal de dirigir un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Dice Maduro: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iremos al combate, nosotros jamás nos rendiremos y lo que no se puede con los votos, lo haríamos con las armas”.
¿Democracia?