La alcaldesa de Elche denunciada ante la Fiscalía General del Estado

La Plataforma de las Clases Medias, que preside Enrique de Diego, ha presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche, por enriquecimiento ilícito y utilización de dinero negro en las campañas electorales. Reproducimos a continuación el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado.




La Plataforma de las Clases Medias, que preside Enrique de Diego, ha presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche, por enriquecimiento ilícito y utilización de dinero negro en las campañas electorales. Reproducimos a continuación el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado.

Enrique de Diego Villagrán, mayor de edad, con DNI XXXXXXXen calidad de presidente de la Plataforma de las Clases Medias, y domicilio en Elche, Alicante, , expone y denuncia que:

Los contribuyentes españoles están cada vez más indignados tanto con la corrupción como con su impunidad. Les escandaliza que su miseria vaya pareja el enriquecimiento escandaloso de muchos de sus dirigentes y que tal cuestión no excite el celo de la Justicia, sino que en una situación de corrupción generalizada ningún político ingresa en la cárcel.

Los contribuyentes perciben con razón, como muestran las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, que uno de los principales problemas son los políticos y que su corrupción es causa del empobrecimiento general y están indignados con razón. Entienden que sin la politización y la mediatización de la Justicia la corrupción no hubiera llegado tan lejos. Los contribuyentes españoles consideran que no puede pasar un segundo más sin que se haga Justicia, antes de que los ánimos se desborden. Todo el dinero acumulado mediante corrupción es sustraído a los contribuyentes a los que una Justicia negligente y politizada ha sido hasta el momento incapaz de defender.

En el caso de Mercedes Alonso García, alcaldesa de la ciudad de Elche, militante del Partido Popular, estamos ante un caso de enriquecimiento ilícito. Se trata de un caso extremo y altamente significativo de cómo la política española se ha convertido en un negocio lucrativo, puesto que su fortuna se ha ido acrecentando en la oposición. Mercedes Alonso García no ha tenido otra ocupación que la política. Ha sido diputada provincial con un sueldo que oscila en torno a los 3.000 euros mensuales, sin embargo ha acumulado el siguiente patrimonio inmobiliario:

• 480.000 m2 de terrenos en la localidad de Novelda (Alicante), junto al proyecto La Serreta Golf.
• 200.000 m2 de terrenos en Alicante, recalificadas por la alcaldesa del PP, Sonia Castedo, donde van a edificarse las instalaciones de Ikea.
• 11.300 m2 de terrenos en Benferri (Alicante), junto al proyecto de Lomas del Azahar Golf.
• Vivienda de 134 m2 en C/ Poeta Miguel Hernández de Elche de 134 m2
• Vivienda de 128 m2 en C/ Poeta Miguel Hernández de Elche de 128 m2
• 3 plazas de garaje
• Vivienda de 87 m2 en C/ Huesca de Santa Pola
• 3 coches de alta gama
• Yate de 8 metros para 8 personas

Mercedes Alonso García ha financiado en negro las campañas electorales de su partido a través de la trama Gürtel. No sólo contrató un número destacado de eventos con la empresa Orange Market de Álvaro Pérez, sino que en dos de ellos consta que movió importantes cantidades de dinero negro. En concreto en el acto celebrado en la Institución Ferial Alicantina, IFA; el 28 de febrero de 2008, Mercedes Alonso pagó a la citada empresa 153.076 euros en dinero A y 86.319 euros en dinero B. El 27 de marzo de 2007 por un acto en el Centro de Congresos de Elche pagó 42.131 en dinero negro.

La lentitud de la Justicia respecto a los casos de corrupción es una forma de impunidad, que provoca el justo malestar de la población. La Plataforma de las Clases Medias considera estos hechos constitutivos de un delito de enriquecimiento ilícito y de fraude fiscal. Por lo que solicita la aceptación de esta querella y la diligente apertura del correspondiente sumario que permita la depuración de responsabilidades ante hechos tan graves y que deterioran de manera tan intensa la convivencia democrática.