En esta ocasión el colectivo quiere dar un paso más comprometiendo a la ciudadanía y a las instituciones. Ofrecen una propuesta que va más allá de la pancarta y el grito y que, de afrontarse con rigor el debate ante el que nos sitúa, podría encaminarnos hacia la claves de bóveda para acabar con el problema del yihadismo y la radicalización.
Desde ayer en su perfiles en las redes sociales, H. S. M. anuncia que van a promover una Iniciativa Legislativa Popular para que cambien los términos en los que el Estado español se relaciona con la Comisión Islámica de España, el órgano representativo de las comunidades islámicas en nuestro país ante la administración, regulados por un Acuerdo de Cooperación.
En concreto proponen modificar la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, introduciendo un nuevo apartado 6º en su artículo 2. Su redacción sería la siguiente:
“Cuando tras la comisión de un atentado terrorista o la apertura de un proceso judicial penal por actividades presuntamente ilícitas de carácter yijadista, de las diligencias de investigación resultare indiciariamente acreditado que la actividad ilegal fue ideada, promovida o preparada desde una Mezquita o lugar de culto de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la “Comisión Islámica de España”, previa resolución judicial motivada y a petición del Ministerio Fiscal o cualquiera de las acusaciones personadas, será clausurado el edificio o local destinado a Mezquita o lugar de culto, tras ser previamente privado de su carácter sagrado, perdiendo sus archivos el carácter inviolable que le concede el apartado 3 del presente artículo, quedando relevados los Imanes o dirigentes religiosos de la Mezquita o lugar de culto de sus obligaciones de no declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de sus funciones de culto o asistencia religiosa islámica”.
Proponen, pues, ordenar por ley el cierre de las mezquitas salafistas y el cese de todo Imano religioso que tenga relación con la preparación de un atentado. Conocidos los terribles fallos de seguridad en la monitorización de un elemento tan peligroso como el Imán de Ripoll, una iniciativa así debería parecer de sentido común y despertar un consenso generalizado. Para su portavoz, Melisa D. Ruiz, "es necesaria la actuación ciudadana cuando las políticas anti terroristas son insuficientes. Además, recalca, "hay cuestiones que se pueden abordar, como el modificar con contundencia la Ley 26/1992, que supondría que España dejase de ser el paraíso de quienes se apoyan en una justicia lenta e ineficaz para seguir estableciendo el terrorismo en nuestras fronteras."
Tramitar la ILP requiere de la recogida de un importante número de firmas que finalmente serán presentadas y comprobadas en la Mesa del Congreso. Para que pueda salir adelante, Hogar Social Madrid necesitará el apoyo de al menos medio millón de ciudadanos en nueve meses, un plazo que en todo caso se puede ampliar.