Fuentes de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en la investigación de la delincuencia organizada, entienden que en el caso de la familia Kokorev “se está procediendo en apariencia a lo que la jurisprudencia impide: la búsqueda genérica y dilatada en el tiempo de infracciones penales a través de una causa general”. Esas mismas fuentes recuerdan que, de forma sistemática, “tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado contra las investigaciones policiales y judiciales en las que “se conectan datos reales pero aislados para darles categoría de pruebas sólidas, o se elevan por encima de su propia categoría hipótesis o especulaciones sin fundamento profundo, o se recurre a fuentes no suficientemente contrastadas”.
Asimismo, desde altas instancias de la Audiencia Nacional se añade que la prisión preventiva no puede mantenerse, “y mucho menos perpetuarse, para satisfacer la necesidad genérica de descubrir delitos”; y rematan subrayando que esta serie de factores es lo que evita que, en democracia, “cualquier ciudadano se vea sometido a una investigación tan dilatada como ésta [10 años después aún se espera auto de procesamiento] basada en apariencias de ilegalidad”.
En el entorno de la familia (cuya residencia durante más de dos décadas se ha movido entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria) se preguntan si hay “algún tipo de animosidad de juez y fiscal [Luis del Río Montesdeoca] hacia este empresario que ha acreditado a través de profusa documentación oficial todos sus negocios lícitos con el gobierno de Guinea Ecuatorial” y desconocen a qué se puede deber.
Vladimir Kokorev padece cardiopatía isquémica, parálisis intermitente en una pierna, mareos habituales con fuerte sensación de inestabilidad y cuadros de vértigo, hipertensión, diabetes y fuertes dolores torácicos que le obligan a ingerir numerosos medicamentos casi con carácter diario. Arrastra un infarto de miocardio y ha acreditado coronariografías que revelan su riesgo cardiovascular alto.
Precisamente desde el Parlamento Europeo se denunciará en las próximas semanas, según ha sabido EMF, no sólo la vulneración de derechos humanos fundamentales sino el falseamiento y tergiversación de informes policiales de la UDYCO en Canarias. Esta unidad policial sostiene en uno de sus informes que antes de ingresar en prisión “Vladimir Kokorev sufrió una intervención quirúrgica, si bien finalmente el médico forense expidió certificación de que se encontraba en perfectas condiciones para ser trasladado por las autoridades policiales españolas”.
En el sumario, tal y como han conocido diversas autoridades que tramitarán y darán voz a la denuncia en la Eurocámara, no consta ninguna certificación de un médico forense afirmando como -concluye el Inspector Jefe del Grupo I de la UDYCO en Canarias- que el investigado se encontraba “en perfectas condiciones”. En el Parlamento Europeo ya se conoce que este responsable policial mantuvo contactos y comunicaciones con un testigo convertido en fundamental para la acusación “de forma absolutamente extraprocesal e irregular, al margen del procedimiento debido”.
En los últimos días, la jueza Ana Isabel de Vega Serrano (sobre cuya actuación crecen los interrogantes, ahora desde la Audiencia Nacional) se ha negado a facilitar a los abogados de la familia hispano-rusa el volcado del contenido incluido en los diversos soportes informáticos incautados y pertenecientes a Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su joven hijo Igor.