Ahora bien, ser tan ingenuos de pensar que reduciendo los tipos de contrato e incorporando el de protección creciente nuestro mercado laboral va a pasar de más del 80% de nuevas contrataciones temporales a un sistema donde predomine la contratación indefinida, solo cabe en la mente de alguien que desconoce totalmente el entramado empresarial, la realidad productiva del país y la problemática del empresariado en materia laboral. Y esto es lo que sucede cuando al frente de los ministerios se coloca gente que su única experiencia curricular está en puestos vinculados al partido como sucede en el caso de Fátima Báñez. Que confunden el envase con el contenido. Que piensan que el marco contractual es quien determina la realidad laboral, y no entienden que es justo al revés. Porque en España, la situación laboral es consecuencia directa del modelo productivo, basado mayoritariamente en la prestación de servicios de bajo valor añadido y poca cualificación del personal, que nos lleva a modelos estacionales y de alta rotación- Y esto, junto a la penalización en la productividad y en la cuenta de explotación que genera las altas cuotas a satisfacer a la seguridad social, es lo que provoca que nuestros empresarios utilicen la flexibilidad laboral como un elemento de ganar competitividad, en un escenario de escasos márgenes y baja productividad.
Ahora bien, si este gobierno lo que pretende es realmente consolidar en empleo de carácter indefinido, deberá de empezar a hacer los deberes desde el principio. Lo primero será generar un entorno de negocios donde lo que mueva la economía no sea el consumo sino la inversión. Cambiar los estímulos orientados a generar consumo (muy rentables electoralmente en el corto plazo) por modelos basados en la inversión. Cambiar las políticas de ayudas, subvenciones y subsidios por políticas activas de formación e inversión pública. Que los presupuestos generales del estado inviertan su configuración, y donde el peso más importante lo tengan las inversiones (i+d+i, infraestructuras, formación, etc.) y no el gasto social y el gasto corriente de las administraciones públicas.
Para una sociedad competitiva, no necesitamos bajar los salarios (eso nos ha llevado al punto de redistribución de rentas del trabajo donde nos encontramos, y ha puesto en entredicho el estado del bienestar) sino mejorar infraestructuras, mejorar la educación estableciendo de una vez por todas un pacto sobre la educación que nos lleve a abandonar los penosos puestos que ocupamos en los informes PISA, donde el objetivo de la educación no sea el adoctrinamiento ideológico sino el desarrollo personal y de la sociedad. A desarrollar conjuntamente los planes de estudios universitarios entre la universidad y la empresa, para que se adapten a las necesidades reales del mercado laboral y de formación, y así acabar con la esclavitud post-universitaria disfrazada de “becario”. A disminuir la presión fiscal sobre empresas y autónomos como motor del empleo, aunque esto suponga que de una vez por todas acaben con el lastre de las administraciones públicas que solo generan deuda país y déficit.
En definitiva, que la creación de puestos de trabajo indefinidos requiere de medidas estructurales y compromiso con el desarrollo de nuestro país, y no con cambiar los modelos de contrato. Que el trabajo indefinido y la consolidación del estado del bienestar son una consecuencia de las políticas y no el objeto de las mismas. Este es la piedra filosofal de la que el gobierno presente y los anteriores aún no han entendido. Eso sí, ustedes sigan jugando a burócratas y cambiando lo modelos de contrato en la confianza de rellenar titulares de prensa mientras nuestra sociedad sigue sufriendo la estacionalidad y la precariedad laboral.
http://vicentemontanez.webnode.es