Nos encontramos a tres días de que se consume un delito de sedición, bajo el mando de la Generalitat, por una previsible declaración pública de independencia, en el que el requisito de tumultuosidad se dará cuando las Fuerzas de Seguridad actúen para cerrar los colegios o disolver las manifestaciones ya cabe pensar que al menos parte de los independistas reaccionará con violencia como ya ha hecho y como recogen las imágenes que se han ampliamente difundido.
Hasta ahora el Gobierno de España ha actuado bajo el principio de la prudencia si bien ha realizado el gesto de desplazar a Barcelona un contingente importante de efectivos y de equipos de la Guardia Civil y Policia Nacional. No obstante, algunos medios de comunicación dudan de que vayan a ser utilizados para cerrar colegios o disolver manifestaciones ilegales. Si así ocurriera, la prudencia se habría convertido en temeridad, pues el colectivo independentista radical se envalentonaría, la declaración de independencia se produciría y las movilizaciones se multiplicarían. En ese caso sería mucho más difícil la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a lo que se uniría el riesgo de que los Mossos o parte de ellos se pusieran a las órdenes del Govern. La sedición se transformaría entonces en el delito más grave de rebelión y la confrontación podría alcanzar niveles trágicos.
Hasta ahora el Gobierno se ha amparado en la actuación de la Fiscalía y de la Justicia. Las Fuerzas de Seguridad, han actuado como policía judicial para la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, pero el Gobierno no ha instado públicamente a la persecución del gran delito de sedición, que se encuentra en evidente estado avanzado de preparación, ni del posible de rebelión que pudiera ser subsiguiente.
El Gobierno cuenta con la mayoría absoluta en el Senado necesaria para la aplicación del 155 pero ha descartado de momento asumir las competencias de un Govern que actúa claramente en contra de la Constitución, que discrimina a los catalanes españolistas y ningunea al resto de España y que además es reo, en gado de conspiración, de un delito anunciado. Sólo VOX, partido sin representación parlamentaria, lo ha propuesto y, recientemente, Ciudadanos ha apoyado, sin explícitamente citar el 155, el uso por el Gobierno de todos los medios que permite la ley. El PSOE ha manifestado que apoya al Gobierno pero ha sido menos contundente y de momento ha dejado de lado la aplicación del 155.
Sin embargo ¿cuál es el futuro necesario tras la confrontación que se prevé va a ocurrir en los próximos días? Ojalá los independentistas comprendan que el camino que han emprendido no es el adecuado pero eso parece muy poco posible. Por otra parte, ¿cuál es la solución? Gay de Montellá, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, vicepresidente de la CEOE y responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales, ha realizado una propuesta de futuro para lograr que Cataluña siga en España tras el 1.O que incluye “un nuevo Estatut que sería votado en un referéndum legal en 2019, y que recoja cuatro grandes concesiones del Estado: reconocimiento de la identidad, pacto fiscal de gestión tributaria, más inversiones del Estado y vía libre a que Cataluña tenga representación propia en organismos internacionales y competiciones deportivas”
Estas peticiones han recibido de inmediato un amplio rechazo de la Ejecutiva de la CEOE ya que en su esencia son más de lo mismo. Serían un paso más en un desarrollo constitucional equivocado que ha ido dando alas al separatismo, nos ha llevado a la situación actual y que volvería a reproducirse agravado en unos cuantos años. Gay de Montellá se expresó en sus declaraciones con moderación reconociendo que el 1.O puede llevar a inhabilitaciones en el Govern catalán pero no parece haberse reunido nunca para escuchar a Albert Boadella o a las diversas asociaciones españolistas catalanas.
El único camino es revertir el proceso y trabajar para lograr una España de convivencia democrática, que es la primera misión que la Constitución recoge en su preámbulo. El independentismo y sus filiales importantes tales como Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han recibido importantes fondos públicos para transmitir una versión sesgada de la historia que fomenta el desprecio y el odio a España. Han fomentado el independentismo mediante un uso sectario de las lengua catalana, intentando borrar al español, la lengua de todos. Han logrado una gran penetración en la educación marginando de forma cruel a todo vecino catalán españolista y dando lugar a que muchos retornen a sus lugares de origen o incluso a que renuncien a instalarse en Cataluña por las dificultades adicionales que implicaría para ellos y para sus hijos. Pretenden crear el “imperio” catalán incorporando a Baleares y Valencia. Etc.
Para revertir todo eso hace falta tiempo. La utilización del 155 y del 150.3 es imprescindible. Es evidente que es necesario asumir las competencias claves del Govern de la Generalitat tales como Presidencia, Gobernación, Educación y todas las demás que sean necesarias. Hay que dar cumplimiento inmediato a las Sentencias del Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia de educación y otras. Hay que cerrar de inmediato las inasumibles “embajadas” catalanas, hay que actuar con intensidad en el cambio de la cultura sustituyendo orientándola hacia la libertad, igualdad y fraternidad de nuestros vecinos franceses y dando de baja la cultura independentista de la coacción, la discriminación y la insolidaridad. También por supuesto habrá que hacer los números económicos para analizar las reclamaciones económicas y llegar a conclusiones objetivas.
La convivencia no es renunciable. Construirla requerirá un gran esfuerzo pero será rentable para todos. El momento en que vivimos nos avoca a una gran catástrofe pero puede transformarse en una gran oportunidad. ¡Viva Cataluña y Visca Espanya!.