Agrega el señor que su salida de España “obedece a un plan con el objetivo de evidenciar el problema catalán y denunciar la politización de la justicia española, su voluntad de perseguir ideas y no delitos y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático en España. No estoy aquí para pedir asilo político sino porque es la capital de Europa. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad”.
¿No fue la declaración de independencia un hecho y no una idea?
En virtud de la fuga, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la juez responsable de la acusación que emita una orden de captura nacional e internacional a los huidos.
La orden ha sido emitida por la juez Carmen Lamela y le agrega a los delitos del Ministerio Público la acusación de prevaricación y desobediencia. Los huidos se han entregado a la Justicia en Bruselas.
La igualdad de todos ante la ley es la característica esencial de un sistema democrático y la ley se inscribe en un Código Penal que establece normas, reglas y por supuesto el castigo para los que la incumplan.
En un estado nación, la convivencia se sustenta en el respeto a la Constitución y romper ese orden constitucional es un delito que se castiga con la aplicación de la ley.
Lo único que ha hecho el Gobierno de España ha sido cumplir con el mandato Constitucional.
Parecería que el señor Puigdemont y sus acompañantes viven en el País Nunca Jamás.