El texto dice, “El partido en su acción legislativa, tenderá a democratizar la tierra a fin que esta no sea el privilegio de los ricos, sino el derecho de los pobres, y actuará, en este sentido por medio de una política constante y progresiva del Estado para fraccionar los latifundios y poblar los territorios incultos”. Lo que indica que el liberalismo hace 82 años consideró la propiedad de la tierra como un medio de liberación económica necesaria e imprescindible para impulsar el desarrollo nacional.
En 1936, cuando Alfonso López Pumarejo, impulso la reforma agraria y otros cambios en la estructura económica para adecuar el Estado a los nuevos cambios que demandaba el desarrollo del capitalismo en Colombia, el partido Conservador con Laureano Gómez y el sector de los terratenientes con posturas similares a las que enarbola actualmente el Centro Democrático contra la propuesta de Petro no dejaron aprobar la reforma agraria. Igual suerte corrió la Reforma Agria que trato de hacer el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en 1968, que luego hundió el gobierno de Misael Pastrana con el Acuerdo de Chicoral en 1970.
En otras palabras, la reforma agraria que plantea Petro no es nada nuevo es similar a la impulsó el gobierno de López Pumarejo, de elevar el impuesto sobre las tierras improductivas. Lo polémico es que los del Centro Democrático, el partido político del expresidente Álvaro Uribe y sus aliados, con mentiras acusan a Petro de pretender acabar con la propiedad privada haciendo masivas expropiaciones de tierras y eso es falso.
Se olvidan que en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, en el 2007, fue aprobada por el Congreso de la República Ley de Desarrollo Rural en el período que fue Presidenta Dilian Francisca Toro, y luego sancionada por el propio Presidente de la República, Álvaro Uribe y sus ministros de Hacienda Oscar Iván Zuluaga y de Agricultura Andrés Felipe Arias.
En dicha norma se incluyó una figura que permite al gobierno expropiar grandes extensiones de tierras ociosas en defensa del bien común, las que serían pagadas a su valor catastral. El artículo 72 en su numeral tercero, establece que “cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el artículo 169 (…) la indemnización corresponderá al avalúo catastral del respectivo predio”.
Además, el artículo 107, dice, que aquel Instituto será el responsable de “adquirir mediante negociación directa o expropiación los predios, franjas de terreno y mejoras de propiedad de particulares o de entidades públicas, que se necesiten para la ejecución y desarrollo de las obras de adecuación de tierras”. En el 2008, el ex vicepresidente del gobierno de Uribe, Francisco Santos, puso crear un impuesto para las fincas improductivas, sustentó su propuesta que el 0,04 por ciento de la población es dueño del 64 por ciento de las tierras del país y que debían pagar por las tierras ociosas.
El economista Salomón Kalmanovitz, en una columna (El Espectador -19 VI-2016) sobre la concentración de la tierra, afirmó que “si las diez millones de explotaciones rurales pagaran prediales sobre el 80% de su valor comercial, aún con las bajas tarifas actuales, el recaudo sería del orden de $12.3 billones, equivalente al 1.5% del PIB. En conclusión: el respaldo de toda la clase política tradicional, liderada por los expresidente Uribe del CD Andrés Pastrana del partido Conservador y César Gaviria del Partido liberal, el ex candidato Germán Vargas Lleras del partido Cambio Radical, sus congresistas y ex congresistas a la campaña de Duque, dejando atrás las diferencias políticas con Uribe. Es una alianza de todas las fuerzas políticas tradicionales, clientelistas y corruptas del establecimiento para conservar el statu quo del país, una alianza que ha puesto la campaña política en un contexto de lucha de clase entre ricos y pobres.