Se estabilizan los concursos de acreedores y siguen estancadas las vías alternativas para la resolución de la insolvencia

En la presentación, en la que han participado el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín; el co-director del Encuentro y miembro del Consejo Directivo del REFOR, Isaías González, y el secretario técnico del REFOR, Alberto Velasco, se han expuesto los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), analizando su evolución temporal y estableciendo comparaciones entre Comunidades Autónomas, así como entre los diferentes países de la Unión Europea. A la vista de los datos, se han definido posibles ineficiencias y asimetrías de nuestros mecanismos de resolución de insolvencias y se han establecido propuestas de mejora de los mismos.

Según se pone de manifiesto en el Atlas Concursal, durante 2017 continúa la tendencia de pequeñas disminuciones en el número de concursos de personas jurídicas y de aumento en los concursos de personas físicas, en gran medida producidos estos últimos para acogerse al procedimiento de segunda oportunidad. Así, respecto de 2015 —año de entrada en vigor de la Ley de mecanismo de segunda oportunidad—, en 2017 se han incrementado un 60% el número de concursos de acreedores de personas físicas, que pasan de 649 a 1036 y que representan, en este último año, con el 25,3%, algo más de la cuarta parte del total de concursos de acreedores. Esta misma tendencia se mantiene durante el primer semestre de 2018 en el que han disminuido los concursos de acreedores de empresas un 2,2% (de acuerdo a datos INE acumulados), mientras que los concursos de personas físicas se han incrementado un 6,4%, lo que compensa el decrecimiento de las personas jurídicas.

Comunidad Autónoma de Galicia

Referido en concreto a la Comunidad Autónoma de Galicia, con 225 concursos de empresas en 2017, esta Comunidad ocupa la sexta posición dentro de las comunidades autónomas con más concursos de acreedores tras Cataluña (747), Madrid (741), Comunidad Valenciana (616), Andalucía (451) y País Vasco (298). Comparado con 2016, en el que se alcanzaron 265 concursos de acreedores, han disminuido en 2017 en Galicia los concursos de acreedores de empresas un -15%, siendo dicho decrecimiento superior al total nacional, cuya cifra se situó en el -4,7%. A Coruña, con 94 y Pontevedra, con 66, son las provincias de la Comunidad Autónoma con más concursos de acreedores en 2017.

En cuanto a las personas físicas que acudieron al concurso de acreedores en Galicia en 2017, fueron 43, lo que supone un 4% de total nacional (1036). En 2017 hubo en Galicia 35 mediaciones concursales (destacando A Coruña y Pontevedra). En cuanto a los acuerdos de refinanciación homologados, en Galicia solo hubo 5 en 2017, que frente al total de 110 suponen el 4,5%.

Procedimientos preconcursales

Por lo que se refiere a los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, comparando el intervalo enero-julio de 2017 y de 2018, estos han pasado de 37 a 48, lo que supone un incremento del 30% en este último año. No obstante, a pesar de este incremento, en términos generales, su número sigue siendo reducido siendo un procedimiento poco utilizado. Con respecto a las solicitudes de refinanciación no homologadas judicialmente (artículo 5 bis de la Ley Concursal), estas han sido en 2017, 3.308, que frente a las 3.258 de 2016 suponen un incremento del 1,5%. No obstante, en este tipo de procedimiento se ha producido una disminución importante desde 2015, cuando el número de refinanciaciones fue de 4.256, un 31% más que en 2016. En 2017, Cataluña, con 681, encabeza el número de refinanciaciones no homologadas, seguida de Madrid, con 592, Comunidad Valenciana, con 458, y Andalucía, con 424.

Entre las conclusiones y propuestas de mejora que se pueden extraer del Atlas Concursal, se encuentran las siguientes:

• La empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal sigue siendo en 2017 la micropyme, que suponen más del 50% de total de concursos. El legislador tendría que tener en cuenta la particularidad de pymes y micropymes en el ámbito concursal por su peso en nuestro tejido empresarial de manera que se contemplen en la próxima reforma concursal, tanto a nivel de Directiva Europea como nacional, mecanismos específicos que se ajusten a las diferencias entre autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas.

• En comparativa internacional, frente a 2016, en el que España era uno de los países de la UE en el que se producía el mayor descenso en el número de concursos (-20%), en 2017, sin embargo, se produce un posible cambio de tendencia pues disminuyen los concursos en nuestro país en mucho menor grado, un -4,7%. Esto podría estar causado por un conjunto de variables: como efecto de la reforma concursal 2014-2015; mayor conocimiento del procedimiento concursal por parte de los empresarios; menor percepción del estigma concursal (si bien todavía persiste); posibles vencimientos de las refinanciaciones y operaciones financieras de crédito, y una posible pequeña mejora de la economía sumergida que anteriormente no computaba las cifras concursales oficiales. Sin embargo, las cifras que se presentan en nuestro país siguiendo todavía bajas en relación con el resto de países europeos analizados. La cifra de concursos de empresas en España (en torno a 4.000 anuales, en concreto este año 4.095) es inferior a la de otras economías vecinas de Europa (Francia, más de 55.000; Alemania, unos 20.000; Reino Unido más de 17.000; Italia, más de 13.000. Portugal y Dinamarca superan los 6.000. Incluso un país como Portugal, de menor dimensión económica que España, cuyo PIB es 6 veces inferior y con 4 veces menos de población, nos supera en número de concursos en 2017, más de 6.000.

• El decrecimiento en los acuerdos de refinanciación homologados que fue del 4% en 2016, se intensifica en 2017 al incrementarse su caída un 24%. Limar formalidades, que el crédito público esté incluido (al menos para pymes) y simplificar el procedimiento, podría estimular su mayor utilización por parte de las empresas.

• Pese a haberse multiplicado por 6, de 2015 a 2017, el número de concursos de personas físicas en España (1036 en 2017) el dato es bajo comparativamente con Europa (en Reino Unido o Alemania los concursos de personas físicas superan los 100.000 al año y en Francia superan los 40.000).

• Acumulando los doce primeros meses hasta diciembre 2017, han disminuido los pagos del FOGASA en empresas un 38,27%. Si calculamos la ratio que compara este dato con el número de concursos de acreedores en dichos meses, observamos que representa un 1,69. En datos acumulados hasta diciembre 2017, las cifras están experimentando una mejora en 2017 con respecto a 2016. No obstante, esta ratio superior a 1 indica la existencia de una economía sumergida de insolvencias que no se vehiculan a través del concurso de acreedores. La reforma concursal debería facilitar la resolución de las insolvencias por la vía concursal y evitar cierres en economía sumergida. El FOGASA no recupera todos los créditos en los que subroga, lo que supone un coste económico indudable y una ineficiencia económica del sistema concursal