Por tanto, no puedo entender las distintas resoluciones o acciones emprendidas por algunos políticos europeos pertenecientes a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que solicitan retirar los fondos de asistencia para Kazajistán exigiendo un significante progreso en relación a derechos humanos (declaración escrita número 663 de 12 de febrero de 2019), que sucedió a una a la declaración escrita número 670 de 24 de enero de 2019 sobre “Financiación del sistema judicial de la República de Kazajistán: la necesidad de una auditoría”. En este sentido parece que esta campaña solicitando la retirada de fondos a los programas de asistencia a Kazajistán está siendo apoyada por el senador italiano Roberto Rampi y el diputado del Budestag y presidente del Grupo socialista en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el alemán Frank Schwabe.
En concreto la Resolución 670 critica el uso del sistema judicial kazajo para reprimir a la disidencia. Si analizamos este sistema judicial, que es mejorable si lo comparamos con algunos estándares europeos, no es menos cierto que Kazajistán está haciendo serios avances en la materia; por ejemplo, se ha aprobado el Programa Nacional del Plan de la Nación “100 pasos concretos” que busca una reforma completa para poder gozar de un estado de derecho íntegro. Dentro de este plan se aprobaron medidas tales como: una optimización de las instancias judiciales y una reforma en el mecanismo para seleccionar candidatos a jueves; uso obligatorio y generalizado de sistemas de audio video en las vistas con el fin de garantizar la transparencia de los juicios y la protección de los derechos de las personas involucradas; en los tribunales de Astaná se ha aplicado también el uso de video conferencias; la introducción de la “orden de procedimientos” aplicada en delitos menores para simplificar y acelerar los procesos; y actualmente se está discutiendo un proyecto de ley relacionado con la modernización de las actividades de aplicación de la ley relacionadas con la protección de los derechos de los ciudadanos y la aceleración de procesos penales. Así mismo, existen numerosas estadísticas que vendrían a mostrar un impacto positivo de las reformas en la eficiencia de la administración de justicia, por ejemplo, durante el último año el número de casos entrantes y solicitudes a los tribunales de primera instancia aumentó en un 11,1%; y el número de casos criminales revisados ha aumentado en más del triple de lo que se revisaba antes de la reforma.
Defender los principios y valores europeos, la democracia y el estado derecho, no sólo en Europa sino en todo el mundo son competencias claras de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que todos los demócratas europeos compartimos puesto que lo consideramos bueno para nosotros y también para el resto del mundo. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero detrás de estas acciones pueden existir intereses personales como los del millonario estadunidense George Soros y la fundación Open Society, financiada por él, generándose dudas sobre alguno de estos representantes europeos, que defienden retirar fondos de apoyo al proceso de reformas de Kazajistán condicionando estas ayudas al respeto de los derechos humanos. En ocasiones existen supuestos defensores de los derechos humanos en el mundo que se presentan para conseguir causas loables cuando en el fondo esconden una agenda propia y de transformación de la sociedad inspirada en unos intereses personales, que no coinciden verdaderamente con el fin aparentemente buscado.
En este sentido, parece sorprendente como por ejemplo la directora de la fundación Open Society en Europa, Lyumdmyla Kozlovska, puede organizar un seminario con el objetivo de criticar a los gobiernos de Polonia y Hungría en una de las salas del Bundestag. Para ello, contó con una invitación de los diputados alemanes Andreas Nick y Frank Schwabe que le permitió obtener un visado temporal de entrada en Alemania. Debemos de recordar que la Sra. Kozlovska tiene una suspensión de visado en el espacio Schengen a solicitud de Polonia. Parece, por tanto, que son claros los lazos entre la fundación Open Society de Georges Soros, sus críticas constantes a las autoridades de Kazajistan y las distintas acciones emprendidas por representantes en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El sentido común indica que la relación causa efecto existe. Al menos se nos presenta la duda a aquellos que somos defensores del estado del derecho y la democracia en aras de un mayor control de las acciones y decisiones de nuestros representantes y con el objetivo de alcanzar la mayor transparencia posible en el proceso de toma de decisiones en organizaciones y sistemas multinivel. Es así mismo peligroso que ante determinadas solicitudes de exigencia del respeto a los derechos humanos en el fondo de manera indirecta se produzca también un apoyo concreto a determinados disidentes con un fin político claro, sobre todo, cuando sobre estos políticos opositores existe también una sombra de duda sobre su honorabilidad como la que existe sobre el banquero kazajo Mukhtar Ablyazov, que se encuentra huido de la justicia de Kazajistán después de haber robado gran cantidad de fondos del banco en el que trabajaba.
Por tanto, los europeos debemos apoyar los procesos de transición y reformas en las jóvenes democracias del Asia Central y en especial en Kazajistán, que es el país sobre el que Georges Soros, su fundación Open Society, Mukhtar Ablasov y aquellos políticos europeos que les apoyan están desprestigiando, muy probablemente no por una búsqueda sincera de respeto a los derechos humanos sino por unos intereses personales y una agenda personal propia.