Las cúpulas de los dos principales partidos han comenzado a equivocarse muy pronto, inmediatamente después de conocer los resultados electorales. En vez de tender la mano, socialistas y populares parecen no comprender aún que están condenados a entenderse, tarde o temprano, porque las reformas estructurales que sin duda habrán de hacerse para mantener a flote el Estado Social necesitan de amplias mayorías parlamentarias y de grandes consensos. El ala dirigente del partido socialista ha vuelto a echarse en brazos del radicalismo izquierdista, plegándose a los voluntarismos del separatismo catalanista y vasco. El preacuerdo firmado por las izquierdas comporta necesariamente el apoyo directo e indirecto de fuerzas anticonstitucionales y desleales con las instituciones que parasitan mediante privilegios administrativos y tributarios que quiebran el más elemental principio democrático que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley en todo el territorio del Estado. Por si esto no fuera poco, al mismo tiempo el preacuerdo de investidura establece una hoja de ruta en materia económica que vuelve a exhibir palmariamente la bisoñez de los propios votantes de los dos partidos “estatales” de la izquierda ahora coaligados, un sector del electorado más dado a la creencia en promesas ilusorias y ocurrencias voluntaristas que a los análisis empíricos, racionales y pragmáticos. Parece que no han aprendido del pasado reciente y solo por eso, por negar la realidad y vivir en la credulidad, merecen volver a disfrutar de lo votado, como en 2008.
Por el otro lado, el líder de la oposición, que sigue sin dar la talla, tampoco está haciendo lo suficiente para evitar el desenlace. Los populares han vuelto a enrocarse en su cainismo y prefieren anteponer su interés postelectoral a una verdadera propuesta de gobernabilidad sensata para España, que sería posible mediante una abstención a cambio de ciertas garantías, o incluso la formulación de un gobierno de coalición con ministros independientes. Cualquier medida orientada a evitar que el presidente en funciones necesite para la investidura de fuerzas políticas chantajistas y desleales con los valores constitucionales sería bienvenida por parte de una gran mayoría de la sociedad. No se observa generosidad ni altura de miras en la actuación de la cúpula popular ante la situación de emergencia que atraviesa España.
El cortoplacismo de los líderes de los dos partidos mayoritarios está carcomiendo el sistema constitucional. Esta doble equivocación cometida por populares y socialistas es justo lo que menos necesitaba España en estos momentos, y lo que es peor de todo, constituye una actitud que no responde a la realidad de los resultados de las elecciones generales, porque, aunque el bipartidismo ha sido periclitado, no deja de ser cierto que ambos partidos siguen siendo las fuerzas mayoritarias y su suma es la única que permitiría una gobernabilidad estable. Un pacto en tal sentido, obviamente, debería incluir la aprobación de los presupuestos generales, evitando así el desgaste institucional que causa todo el juego aritmético de los pactos, que no va a ser otra cosa que un bazar al servicio de la estrategia sistemática de chantaje de los separatistas, al volver a tener la llave del futuro del país ante un político extraordinariamente tan inepto como desesperado por conservar la poltrona monclovita y otro líder egotista empeñado en asaltar los cielos. Dos sujetos enardecidos en sus romerías de palmeros. El poder corrompe incluso antes de detentarlo, como bien están demostrando estos dos vanidosos, repartiéndose sillones antes de poner las ideas y sobre todo sin poner el precio real de lo que costará el despliegue de sus fatuidades.
La situación actual está pidiendo a gritos un gobierno de concentración nacional, o en su caso, uno de coalición o de carácter básicamente técnico y neutro, con una agenda pactada de mínimos comunes denominadores que permitan la estabilidad parlamentaria y de la acción del gobierno central para ejecutar reformas urgentes. Y sobre todo, lo que menos necesita España ahora es tener un gobierno que dependa de equilibrios frágiles sujetos a la voluntad de aquellos que viven de alimentar conflictos identitarios falsarios y de azuzar la descohesión social en las regiones donde gobiernan gracias a los fallos y despropósitos legales que les han permitido en las últimas cuatro décadas adquirir una dominio autonómico basado en la imposición de políticas sociales discriminatorias y en la conservación férrea de privilegios medievales y antidemocráticos que poco tienen que ver, supuestamente, con los valores sociales progresistas que la izquierda dice defender. Pero como “España es diferente”, aquí la izquierda “internacionalista”, según su genética ideológica, es paradójicamente la que no tiene ningún reparo en hacerle el juego a la oligarquía nacionalista vasca y catalana más ultramontana y corrupta, como así lo ha demostrado reiteradamente el asaltador de los cielos, próximo vicepresidente del gobierno, para solaz de la demagogia rampante y altanera en la que nos han instalado los mass media oficialistas.
Si el preacuerdo de las izquierdas se acaba fraguando mediante el apoyo de las oligarquías vascas y catalanas, el equilibrio parlamentario será precario y la gobernabilidad por tanto se antojará casi imposible. Una cosa es la investidura y las cesiones que se hagan para su obtención y otra el desarrollo legislativo, y en particular, la aprobación de los presupuestos generales. La muy probable inestabilidad política con la que arrancará 2020 demuestra a las claras la escasa reflexión postelectoral que está habiendo en las cúpulas socialistas y populares. La inmediatez por cerrar ese preacuerdo exhibe la ansiedad de unos politicastros mediocres y ávidos por perpetuarse en la poltrona, incluso si para ello tienen que trocear la soberanía nacional y poner al límite el casi finiquitado Régimen del 78, que tanto denigran pero del que tantos beneficios particulares extraen.
Los dos principales partidos, denostados justamente en los últimos años por sus graves y numerosas corruptelas, tienen sin embargo ante así una oportunidad histórica para promover la regeneración de la política. Desaprovechar este momento sin propiciar un eje constitucionalista de corte reformista es poner al país en una coyuntura de polarización abrasiva de consecuencias inusitadas. Rechazar la posibilidad de un gobierno de coalición de carácter técnico es encaminar al país a un derrotero de confrontación institucional que se plasmará tarde o temprano en algaradas callejeras. Se impone una reflexión seria en las cúpulas, pero también en los cuadros medios y en las bases de los dos partidos mayoritarios, porque a pesar de las diferencias, hay valores comunes que no pueden obviarse ni relegarse. El acuerdo más representativo parlamentariamente que se corresponde con la suma más sencilla si hubiera voluntad, es la que permitiría evitar muchos e innecesarios problemas y poner una agenda básica de reformas a acometer en los siguientes años, con sentido de la responsabilidad. La presente situación de emergencia interna pero también de convulsión exterior exige estadistas que realicen una acción política con una fina armonía de prudencia y audacia. Es la hora de los estadistas.