España consigue el apoyo de otras 25 regiones europeas para hacer un frente común contra los daños de la guerra comercial, pero se incide en el mismo eror que lo motivó: subvencionar sectores o compañías que no han acertado en impulsar su competitividad. Fue la propia Organización Mundial del Comercio la que sentenció que las ayudas y subvenciones recibidas por Airbus son ilegales, es decir, que es competencia desleal frente a otras compañías como Boeing. Por su parte, las comunidades autónomas urgen a Bruselas a adoptar “medidas compensatorias” para ayudar al sector agrario frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos por el contencioso por las ayudas públicas al sector aeronáutico.
En un texto que las autonomías someterán a debate en el plenario del Comité de las Regiones las comunidades autónomas advierten de que los productos agrícolas son “víctimas colaterales” de un conflicto comercial y reclaman a la Comisión una “mayor previsión” para buscar fórmulas “paliativas” ante los daños derivados de esos contenciosos.
A pesar de las demandas de Bruselas para evitar una escalada arancelaria, Estados Unidos decidió el pasado octubre imponer barreras a las importaciones de la Unión Europea por 7.500 millones de dólares (6.900 millones de euros) por las ayudas a Airbus, que la Organización Mundial del Comercio (OMC) consideró ilegales. La Administración de Donald Trump fijó impuestos del 10% a las aeronaves y del 25% sobre una lista de productos, sobre todo procedentes de Alemania, Francia, España y el Reino Unido. En el caso de España, esas sanciones afectan sobre todo al aceite de oliva, vinos, quesos o licores. Según fuentes comunitarias, esas exportaciones alcanzan alrededor de 930 millones de euros.