Unos días antes, el pasado 6 de febrero se hundió el vertedero de Zaldívar y, a pesar del tiempo transcurrido, siguen sin recuperarse los cadáveres de los dos trabajadores de la empresa que lo gestiona, VERTER RECICLYNG 2002. Permanecen sepultados bajo toneladas de residuos.
Al día siguiente, apenas unas horas después del hundimiento, se declaró un incendio, extinguido el pasado martes.
El volumen de desechos es de, aproximadamente, 511.000 toneladas anuales (y de ellas, 4.200 con amianto), es decir, 1.400 toneladas diarias que iban a ese vertedero y ahora no tienen destino.
Las industrias tienen obligación de llevar todos sus residuos a un vertedero, pagando, pero en la práctica, dado que la capacidad de absorción de residuos es limitada, digamos que existe un procedimiento de asignación. No se puede llevar un residuo a cualquier vertedero, y menos con esos volúmenes. Se debe hacer en una cantidad que no colapse el sistema, sobre todo, ha de ser cerca para no tener excesivos costes de transporte y, además, en “horario de oficina”.
Como consecuencia de lo ocurrido en Zaldívar, ahora mismo, tenemos empresas que no pueden dar salida a sus residuos y tampoco pueden llevarlos a otro punto. De momento, indican que los están almacenando en sus instalaciones, como decíamos, unas 1.400 toneladas diarias.
Las instalaciones de las fábricas no suelen incluir grandes espacios para mantener residuos sobre todo por el precio que tiene hoy en día, el metro cuadrado de polígono industrial, las normas de seguridad que se exigen para este tipo de depósitos, que se pudren, huelen, etc.
Algunos aseveran que existen empresas que ya se han visto obligadas a reducir o, incluso, parar su producción ante el “estreñimiento” que sufre su sistema productivo al no poder dar salida a los productos de desecho, afirmación que, en plenas elecciones, ha sido desmentida por el Gobierno vasco.
Parece que el Gobierno vasco, como solución, ha propuesto que las empresas “valoricen” sus residuos, es decir, que les busquen un uso y que lo hagan mediante una venta para, de este modo, no tener que procesar sus desechos, que producen gastos y, además, si las empresas tienen una mayor venta, el Gobierno vasco tendrá más impuestos por los mayores beneficios que van a obtener con esas ventas.
Se dice que ha habido reuniones entre el Gobierno vasco y estas empresas promovidas por el propio Gobierno vasco para no tener incidencias en las elecciones. Siguiendo las directrices del Gobierno, como buenos alumnos, cuentan que los empresarios han intentado “valorizar” sus derechos, posponiendo, hasta después de las elecciones, cualquier discusión pública sobre este asunto, a cambio de . . . algo que les compense el extreñimiento actual de su sistema de producción.
En este ambiente, aparece el tercero en discordia: Bildu.
Los Ayuntamientos más afines al Gobierno vasco que, durante años han regido en dichos Consistorios, en estricta defensa de los intereses de los ciudadanos de su localidad y no siguiendo instrucciones de su partido, fueron aceptando el establecimiento de vertederos en sus municipios. Lograron los alcaldes dar una buena imagen ante sus jefes de partido, al permitirles a éstos dar una buena imagen ante la opinión pública y así conservar todos ellos el gobierno de Euzkadi.
Por su parte, los de Bildu, en una estrategia de total enfrentamiento, aunque un poco tapada por aquello de mantener la pose política, no admitieron que se instalaran vertederos en sus municipios. Ahora, en plena campaña, pudiera ser que los de Bildu trataran de sacar rédito político, término muy de moda últimamente, con cosas que no deberían entrar en política, concepto también de moda, pero que parece que se van a usar, como comienza a ser habitual.
El Gobierno vasco propone algunas soluciones de circunstancias:
OPCIÓN A): Hacer un depósito temporal en el mismo vertedero, construyendo una nueva instalación tipo macro-piscina que, es de suponer, podría costar la pérdida de unos cuantos votos al PNV en esa zona, así como alguna manifestación o reportaje de prensa o televisión, algo no muy conveniente en plena campaña electoral.
OPCIÓN B): Transferir los nuevos residuos del vertedero de Zaldívar al depósito de Epele en Vergara (Guipúzcoa) que, hasta ahora, contenía residuos inertes. Dicho de otra manera, remitirles a un depósito cercano, con capacidad suficiente, que no está especializado y tiene medidas de seguridad para basuras “de poca intensidad”, los residuos industriales de Zaldívar, que son lodos de empresas papeleras, vertidos de fundición, desechos procedentes de la fabricación de automóviles, etc., es decir, “basura de alta intensidad” que necesita medios de almacenamiento y medidas de tratamiento especializadas.
Este pequeño salto sobre la calidad de los vertidos de baja a alta intensidad, no está muy claro si es técnicamente viable pero posiblemente esta pequeña traba técnica sea abordada después de las elecciones del 5 de abril.
La última solución, como buen Gobierno que aspira a la independencia, es el incremento de la exportación de sus productos y subproductos, en este caso, la exportación de basuras, parece que a las Comunidades Autónomas vecinas pero no al país vecino (Francia). No entendemos muy bien la diferencia. Algunos susurran que de ello depende la Ley de Presupuestos Generales del Estado de España, pero no la de Francia, que ya la tiene aprobada.
No podemos olvidar el incidente ocurrido en abril de 2019, cuando Filipinas estuvo a punto de declararle la guerra a Canadá si no se hacía cargo de los barcos de pura basura que le habían enviado, bajo la etiqueta de “material para reciclar”. La basura se está volviendo un tema muy serio.
Es de suponer que todo lo dicho aquí, pasadas las elecciones, deje de ser un problema, o, al menos, deje de ser uno de los problemas que airean políticos, parlamentarios, etc. y acabe “solucionándose” mediante el olvido, hasta que vuelva Santa Bárbara, de la que nos acordamos solo cuando truena.