Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis, grupo español de consultoría legal, explica que el Real Decreto del Gobierno en esta materia “no aclara si el despido tras ERTE de fuerza mayor sería considerado nulo o improcedente por lo que, la mayor parte de las empresas van a despedir, lo necesiten o no, con un coste mayor al de 20 días por año, pero van a despedir”.
El presidente afirma que ese "descuido" quizás no haya sido fruto de la casualidad o la improvisación, sino que se haya hecho adrede para evitar el cierre definitivo de muchas empresas que tendrían que optar, llegado el caso, entre mantener todos los empleos o cerrar y, ante esta tesitura, “han considerado que quizás lo más prudente es permitirles que despidan a una parte de los empleados y no a todos”.
Ante una problemática tan compleja "pagarán justos por pecadores", denuncian desde Fidelitis: “Habrá empresarios que intentarán aprovechar este vacío legal para hacer más ajustes de los absolutamente necesarios”.
Asimismo, el Grupo vaticina dos posibles situaciones: El despido masivo de trabajadores para los que habrá que demandar en muchos casos por despido nulo por fraude de Ley y, por lo tanto, readmisión en la empresa, o el cierre de multitud de empresas y posterior colapso del Fondo de Garantía Salarial; o incluso, ambas si se toman medidas tibias o a medio camino entre una cosa y la otra.
Para estas y otras cuestiones legales, la consultora se encarga de impartir charlas y dar consejos legales y administrativos sobre cómo actuar ante esta situación con las medidas que el ciudadano que cae dentro de lo que consideran un “vacío legal” posee hoy en día.