“Tenemos la ventaja y la plena calidad jurídica ante cualquier estamento nacional o supra para poder centrar nuestra reclamación patrimonial en los principales tres grupos afectados: los autónomos que han sufrido una merma económica o un lucro cesante, entre otros, las pymes que han tenido que asumir las bajas laborales, ERTEs, despidos, rotura de stock o incluso la pérdida de cuota de mercado y los familiares de fallecidos o propios damnificados que sufren las lesiones, imposibilidad de seguir ciertos tratamientos o incluso la incapacidad” explican desde el bufete.
Esta reclamación, al hacerse a través de una plataforma, supone como ventaja añadida un esfuerzo común, lo que consigue un abaratamiento de costes y una misma línea estratégica para cada grupo reclamante, lo que es garante de resultados óptimos.
“Para llevar a cabo la reclamación patrimonial, nos personaremos en las causas abiertas para asegurar su buen fin y ejercitar una demanda colectiva de responsabilidad patrimonial en defensa de los afectados contra la Administración General del Estado y, en su caso, contra aquellas Comunidades Autónomas que puedan haber coadyuvado a los daños y perjuicios causados, algunos de ellos de daños ellos irreparables, con pérdidas de miles de vidas humanas” comentan desde Hac & Bértolo Abogados.
El objetivo lo tienen claro: que las indemnizaciones económicas que tenga que hacer frente la Administración sean repercutidas a las Autoridades y personal a su servicio que, con su dolo, culpa o incluso negligencia, resulten responsables. Así, buscan la aplicación de una de las previsiones legales del Régimen Jurídico Administrativo que, tal como recoge el artículo 36 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del sector público en relación a la Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
“1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso” .
“Nos aseguraremos de que la reparación de los daños y perjuicios derivados de la gestión de la crisis que nos asola, no recaiga una vez más sobre el erario público dejando indemnes a sus verdaderos responsables” concluyen los abogados.
Sobre Hac & Bértolo Abogados
El bufete forma parte de HAC GROUP, una firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales, formación de líderes y solidaridad internacional. Nuestros clientes y beneficiarios provienen del ámbito empresarial, social, político e institucional y operan tanto en los Estados Unidos de América como en Europa y América del Sur.
HAC fue fundada en el 2015 en los Estados Unidos y cuenta en la actualidad con delegaciones propias y asociados en New York, Madrid, Málaga, Sevilla, Murcia y Buenos Aires desde donde ofrecen servicios de consultoría estratégica, eventos corporativos, formación ejecutiva y relaciones institucionales con la administración y otros stakeholders.
Desde su creación han ido estableciendo y consolidando alianzas institucionales con numerosos grupos de interés.