El sector del juego privado en la Comunidad de Madrid representa cerca de 1.000 empresas de todos los tamaños, 9.000 puestos de trabajo directos y una aportación fiscal a las arcas de la Comunidad de más de 150M€.
Los empresarios del sector piden que se tenga en cuenta la actual situación del sector, muy castigado por las restricciones provocadas por el Covid y por el descenso de la actividad económica provocada por la crisis sanitaria que vive España y muy especialmente, en la Comunidad de Madrid, por lo que consideran necesario que la nueva regulación nazca fruto del diálogo con el sector y, en este sentido, ofrecen la máxima colaboración con el Gobierno regional para que la norma pueda hacer compatible el alcanzar todos los objetivos planteados por el Gobierno regional respecto del juego sostenible, seguro y responsable y a la vez, garantizar la viabilidad de las empresas y de los puestos de trabajo.
Los empresarios destacan que los últimos informes de la propia Comunidad ponen de manifiesto que no se ha producido ninguna denuncia por permitir el acceso a las salas de juego ni a menores ni a personas que lo tienen prohibido.
Por último, ANESAR ha recordado que en la Comunidad de Madrid hay 471 salones de juego frente a los 2.200 puntos de venta de la ONCE y que mientras unos “tienen su acceso muy controlado, otros pueden vender sin ningún tipo de control sus boletos. La campaña contra el juego privado debe encontrar un muro en la Comunidad de Madrid”.