Los damnificados tienen nombre y apellidos, e incluso pasaporte español, y son saharauis. Es el caso de Lemadla, que ayer se manifestaba en las puertas de la Audiencia después de haberlo hecho días atrás en el centro sanitario en el que sigue ingresado Ghali.
Lemadla nunca conoció a su padre, tampoco sabe de su paradero desde hace décadas. Tan sólo tiene la referencia de sus amigos, que asegurar que murió después de sufrir terribles torturas y ser tratado, dicen literalmente, “como un auténtico animal”.
Las víctimas de Ghali se preguntan cómo es posible que se haya permitido la entrada cuasi-clandestinamente para un tratamiento médico, cuando hay serios indicios de que se trata del presunto autor intelectual e incluso material de acciones diabólicas, incluidos ametrallamientos, secuestros o desapariciones, también en alta mar y de marineros españoles, especialmente en los años setenta y ochenta.
Asegura Lemadla que seguirá llevando su voz y su grito donde sea necesario, para recordarle a la opinión pública española que el gobierno (ella vive ahora en Alicante) tiene la obligación moral, jurídica y política de perseguir crímenes que han cruzado fronteras y que se hacen dolorosísimos por el paso de los años. También quienes han padecido el zarpazo del Polisario reclaman “memoria, dignidad, reparación y justicia”.