El pasado 21 de mayo se hizo pública la sustitución del actual presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell por Marc Murtar. Este nombramiento ha generado “asombro e indignación” entre los accionistas, que han trasladado “su pesar por lo que consideran una maniobra del Gobierno para relevar del puesto a Abril-Martorell” y porque el candidato “no reúne la experiencia suficiente como para presidir una multinacional del tamaño de Indra”, tal y como recoge la exposición de motivos de la iniciativa en referencia a las últimas informaciones publicadas por Vozpópuli.
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Fue la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró en el último Consejo de Ministros que este nombramiento “no tenía lecturas políticas”. Sin embargo, el nuevo dirigente de Indra fue jefe de gabinete del socialista Joan Clos, durante su etapa al frente del ministerio de Industria, y ha estado estrechamente vinculado con el PSC.
“Este no es un nombramiento aislado, dado que se enmarca en una estrategia del Ejecutivo de coalición en la que utilizan todos los resortes del Estado para colocar a sus amigos en el sector público empresarial y en aquellas empresas en las que el Estado tiene participación”, señalan los diputados firmantes de esta iniciativa. Es más, tal y como desgranan, no es la única colocación realizada siguiendo “criterios meramente políticos” y “sin la debida formación empresarial”. Navantia, Casa América, Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, Hispasat, Paradores, Enagás, Renfe-Operadora, Correos, AENA, Mercasa, Enusa y Cetrasa son sólo algunos ejemplos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado una PNL en la que insta al Gobierno a abstenerse de nombrar o proponer como máximos responsables del sector público empresarial, -o de aquellas empresas en que el Estado tenga participación-, a candidatos con base en criterios de afinidad u oportunidad política, velando siempre por respetar los más altos estándares de capacidad y mérito.