Sin embargo a pesar del tiempo transcurrido desde ese reconocimiento a cobrar la indemnización, la familia no ha cobrado la indemnización. La razón que da el SERMAS para no pagar es que quien debe hacerlo es la Fundación Jiménez Díaz, entidad privada a la que considera responsable directa de lo ocurrido. Lo cierto es que la resolución indica claramente que es el SERMAS quien debe hacerse cargo de la indemnización, siendo pues que el retraso en el pago es del todo injustificado y añade más dolor y perjuicios a una familia que desea superar y cerrar un auténtico drama.
La Comunidad de Madrid, a través del SERMAS ( SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD) subcontrata entre otras a la FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, el grupo privado QUIRÓN a fin de prestar el servicio sanitario a los madrileños. El convenio firmado entre las mismas data de fecha 2006 y estipula expresamente que en caso de producirse negligencia médica por parte de los sanitarios de la Fundación ésta a través de su aseguradora pagará la indemnización, aunque SERMAS puede pagarla y luego descontarlo del importe a pagar por el concierto. La guerra entre administración y su subcontrata ha llegado a los tribunales porque la Fundación Jiménez Díaz ha interpuesto recurso judicial contra la resolución de la administración, lo que supondrán años para su resolución.
Así la familia de la victima, que ha vivido una odisea tras el fallecimiento de una mujer de 28 años, hija, pareja y hermana, y habiéndose reconocido a por la administración sanitaria su responsabilidad, se ve envuelta en una guerra que no le concierne en relación a los servicios sanitarios privatizados por la Comunidad de Madrid, prorrogándose el sufrimiento y el drama familiar que supone la pérdida del ser querido.
La evidente descoordinación y problemas del SERMAS con los hospitales concertados supone un auténtico peligro en plena pandemia, y en cualquier caso desdice que la política de privatización de servicios resulte más beneficiosa para unos ciudadanos que sufren esa descoordinación y enfrentamiento entre administraciones y hospitales.
Desde el despacho de abogados Aporcentaje.com, que han conseguido que se reconozca la negligencia y la indemnización, bufete especializado en negligencias médicas y que cuenta con más de 25 años de experiencia en la materia, se denuncia que “ de ningún modo las vicisitudes de los convenios de privatización pueden afectar a la calidad del servicio ni a la responsabilidad de una administración que debe hacer pago inmediato de las responsabilidades que reconoce, y en su caso tras pagar reclamar a quien corresponda”.
Según Jorge Fuset, abogado director de Aporcentaje.com, si esta circunstancia se está produciendo, también se puede estar produciendo otras descoordinaciones e incumplimientos que estén afectando al servicio que se está prestando en plena pandemia, con grave daño para los pacientes.