No. No es normal que la electricidad se haya disparado un 63%, los combustibles un 57%, el butano un 33%, productos básicos como el aceite de oliva un 26% o los refrescos un 11%. En efecto, la respuesta del gobierno es invariable: “se trata de una evolución de los precios que excede, con mucho, a sus competencias y a su margen de maniobra, a sus decisiones”. ¿Y?
Especialmente las clases medias, y desde luego las especialmente vulnerables, las que deambulan en el fino alambre de la precariedad y al borde mismo de la pobreza, difícilmente asimilan que todo lo que pueda hacer el poder ejecutivo sea resignarse ante una situación dada o, aún peor, vender logros verdaderamente magros como si de magníficos avances en el pedregoso sendero de la recuperación se tratase.
Todo tiene un límite, y, naturalmente también, la propia capacidad de resistencia de la sociedad española en momentos que, nos guste o no señalarlo y visualizarlo, son más de vacas flacas que gordas. Bien haría La Moncloa en aprovechar la segunda mitad de la dificilísima y complejísima legislatura que aún resta para alumbrar, a la mayor celeridad, planes y medidas efectivas que coloquen a la población en el mejor carril posible, sobre el firme en el mejor estado posible… y que no terminen por conducirla, en modo rebaño, hasta el borde mismo del precipicio. Nuestros gobernantes, antes o después, lo pagarían con sus propias poltronas, hoy todavía tan apreciadas y calientes.