No sólo resulta esperpéntico sino enteramente inaceptable que el gobierno regionalista de Cataluña haya animado a los colegios a desobedecer la sentencia del Supremo que obliga a que un mínimo del 25% de las clases sea en castellano. Aun más: no sólo resulta intolerable sino perseguible. Y, deplorablemente, ya conocemos que no lo será; no por este gobierno que hará completa dejación de funciones mientras se burla del conjunto de los españoles, como ya ha anunciado casi sin consecuencias ni respuesta. El razonamiento del ‘ejecutivo Sánchez’ no puede resultar más peregrino ni bananero, a saber: no podemos actuar contra el incumplimiento de las normas en Cataluña porque al estar transferidas las competencias en materia educativa, resulta imposible.
Es decir: si estando transferidas las competencias a las Autonomías en materia sanitaria, un gobierno regional adoptase la decisión de envenenar a sus ciudadanos y prosiguiese con el delito a pesar de ser condenado por los tribunales, ¿tampoco el gobierno de España actuaría?
Es decir: si estando transferidas las competencias (o parte) a los Ayuntamientos en materia urbanística, un consistorio tomase la determinación de hacer un rascacielos en medio de un paseo marítimo y llegase hasta el final a pesar de la sentencia de un juez, ¿también el gobierno de España permanecería de brazos cruzados?
Hay dos acciones que acarrean los reproches penales más sonrojantes que se le pueden hacer a un dirigente político. Uno es el desacato, o la negativa a obedecer una orden judicial (lo que puede y debe concluir en multa o cárcel). El otro es la prevaricación, o la conducta de una autoridad contraria a la ley y arbitraria a sabiendas de que lo es.
Y, exactamente, ahí están ahora mismo Aragonés y Sánchez. Al alimón. Sin importarles lo más mínimo que por acción y omisión, en una España pretendidamente democrática no sólo se pisen sino que se pisoteen los derechos humanos más primarios y las libertades más fundamentales ante la patética parálisis de los instrumentos y las instituciones del Estado de Derecho. ¿Estamos?