Análisis y Opinión

Ultimátum para la implantación de los canales de denuncia: si España no cumple con la protección al denunciante, irá a los Tribunales Europeos

Héctor Déniz Guedes es Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados.

· Por Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados

Viernes 16 de septiembre de 2022

El pasado 14 de julio de 2022 la Comisión Europea envió un ultimátum a España en el que le daba un plazo de 2 meses para tomar medidas en lo que respecta a la transposición de la Directiva 1937/2019 de protección de los denunciantes, que les permitiría alertar de casos de corrupción, entre otros delitos. La transposición de la Directiva en cuestión lleva ya mucho retraso, pues debería haberse transpuesto como máximo en diciembre del año pasado, pero a día de hoy aún sigue sin existir una Ley interna que regule este tema.



Tras un primer aviso desde Bruselas, que inició un procedimiento sancionador contra España el pasado mes de febrero, España publicó el en marzo el Anteproyecto de Ley previo a la transposición de la Directiva a nuestro ordenamiento. Sin embargo, el asunto está paralizado desde entonces. Por esta razón, la UE ha dado un ultimátum a España concediéndole un plazo máximo de 2 meses para resolver la situación, si no quiere que el caso se denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Cómo puede afectar esta situación a las empresas españolas?

Esta situación podría provocar un efecto dominó, pues como es habitual, las empresas españolas podrían acabar sufriéndolo en primera persona.

El ultimátum de Bruselas debería motivar a España para que aprobar la Ley cuanto antes. Ante este contexto, concederían a las empresas obligadas a implementar un canal interno de denuncias un plazo mínimo para adaptar su operativa interna.

Por esta razón, es muy importante que, si tu empresa está obligada a implementar dichos canales de denuncia, seas previsor y no esperes a ponerlo en funcionamiento. Su implementación y gestión no se prevé tarea fácil, pues la Directiva exige un nivel de seguridad de la información contenida en dicho canal, además de la obligación de llevar a cabo la investigación de las denuncias asegurando el cumplimiento de unos requisitos técnico-legales. En este aspecto, las empresas tienes la opción de gestionar el canal internamente o bien confiar en profesionales expertos en la materia para su implementación y gestión.