Tras un primer aviso desde Bruselas, que inició un procedimiento sancionador contra España el pasado mes de febrero, España publicó el en marzo el Anteproyecto de Ley previo a la transposición de la Directiva a nuestro ordenamiento. Sin embargo, el asunto está paralizado desde entonces. Por esta razón, la UE ha dado un ultimátum a España concediéndole un plazo máximo de 2 meses para resolver la situación, si no quiere que el caso se denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Cómo puede afectar esta situación a las empresas españolas?
Esta situación podría provocar un efecto dominó, pues como es habitual, las empresas españolas podrían acabar sufriéndolo en primera persona.
El ultimátum de Bruselas debería motivar a España para que aprobar la Ley cuanto antes. Ante este contexto, concederían a las empresas obligadas a implementar un canal interno de denuncias un plazo mínimo para adaptar su operativa interna.
Por esta razón, es muy importante que, si tu empresa está obligada a implementar dichos canales de denuncia, seas previsor y no esperes a ponerlo en funcionamiento. Su implementación y gestión no se prevé tarea fácil, pues la Directiva exige un nivel de seguridad de la información contenida en dicho canal, además de la obligación de llevar a cabo la investigación de las denuncias asegurando el cumplimiento de unos requisitos técnico-legales. En este aspecto, las empresas tienes la opción de gestionar el canal internamente o bien confiar en profesionales expertos en la materia para su implementación y gestión.
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