Un trágala que se puede atragantar
En el principal partido del Gobierno hay quien avisa de que esta nueva concesión se le puede ‘atragantar’ al inquilino de la Moncloa. Su barón más crítico y beligerante, el presidente castellano-manchego avisa a su formación de que semejante “remate” es renegar de la esencia de la izquierda, esto es, “dejar la igualdad de derechos para que cada territorio haga de su capa un sayo". García-Page se despacha a gusto contra el independentismo, al califica de “muy facha”, además de practicar un egoísmo lamentable con la advertencia de que sólo faltaría que toda la “fiesta” secesionista la terminemos pagando entre todos.
La portavoz de Junts en la cámara baja, Miriam Nogueras, se jacta que la Generalitat tendrá la mejor financiación tras la independencia, además de hacer justicia para resarcir los 2.600 euros al año que cada catalán pierde por “pertenecer al Estado español”. El gobierno hace sordina y sostiene que la "financiación singular" para la segunda comunidad más poblada es "compatible" con otra "multilateral" para el resto de autonomías, mientras la ministra de Hacienda rectifica y asegura que tal financiación a la carta se negociara en el marco de la reforma del sistema para lo que ha tenido que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como había reclamado la oposición. Las CCAA populares defienden un modelo "justo y sin privilegios", dando libertad a sus barones para liderar la "revuelta económica".
Puentes rotos
El parlamento español, con mínimas excepciones, ha roto demasiados puentes y traspasado muchas líneas rojas desde el final de la Transición que difícilmente volverán la concordia y la cortesía parlamentaria que practicaron las Cortes del siglo pasado. La intransigencia y el odio entre gobierno y oposición y entre las dos mitades del hemiciclo jaleadas por el extremismo a izquierda y derecha, ha conseguido dinamitar los necesarios acuerdos de Estado para legislar. Algo que se traslada a la calle a su vez, provocando la profunda desafección ciudadana que reflejan los sondeos de opinión.
Sánchez y Feijóo mantendrán su enemistad irreconciliable hasta la retirada de alguno de ellos, con la muy alta probabilidad de que le ocurra al primero. Reflexión aparte merecen los denominados 'nuevos' partidos, absolutamente gripados cuando no descabezados a día de hoy, cuyos líderes han ido desapareciendo al mismo ritmo que sus formaciones desangradas por los errores y la ambición en las continuas elecciones.
Rosa Díez, Pablo Iglesias, Bescansa, Albert Rivera o Inés Arrimadas forman parte de la legión de ‘nuevos políticos’ que han pasado de manera fugaz por los dos siglos de parlamentarismo español, víctimas de su codicia y púber ambición. Su pretensión no ha sido otra que asaltar los cielos del poder, para transformar España imponiendo sus postulados por encima de todo.
La única fe de haberes hechos para que la piel de toro tras el franquismo no la reconociera 'ni la madre que la pario'- acuñada por Alfonso Guerra- ha sido el torrente legislativo desarrollado desde la Transición, con la modernización y consolidación de los territorios que los partidos extremistas pretenden dinamitar, sea por la vía de la secesión o cercenando la igualdad financiera, fiscal e incluso social con la obscena connivencia del gobierno central.
Nueva derrota socialista
El Psoe suma una nueva derrota en el Congreso tras el apoyo de PP y los republicanos de ERC, a la iniciativa para aumentar los puntos eléctricos de recarga. La proposición no de ley (PNL) insta al Ejecutivo a acelerar el despliegue de los puntos de recarga, considerado uno de los caballos de batalla del sector. La propuesta, a la que también se suman Junts, Bildu y BNG, se produce días después de la dimisión y las críticas del presidente de la patronal del automóvil (Anfac), por la falta de compromiso del Gobierno con el coche eléctrico. El ejecutivo si consigue el apoyo para aumentar el subsidio de desempleo, defendido por la ministra de Trabajo -570 euros al mes durante los primeros seis meses con mayor número de beneficiarios-, tras el voto favorable de Podemos y la abstención de PP y Vox, que evita una nueva derrota del gobierno.
Continúa el Caso Begoña, Cataluña dilata la investidura
Vox se querella contra la mujer del presidente del Gobierno por utilizar la cátedra de la Universidad Complutense para su beneficio personal. El partido de Abascal, ya personado en la causa, añude a un presunto delito de tráfico de influencias por apropiarse de un software de la propia institución académica para sus fines personales a través de la empresa Transforma TSC. El escrito alerta del empleado de fondos públicos para desarrollar la plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana. El juez que investiga el caso -por supuestos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios- aclara que su juzgado sigue indagando “dos bloques” sin relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés, avocados hoy en la Fiscalía Europea.
En Cataluña, ninguno de los candidatos posibles a la investidura del presidente de la Generalitat tiene intención de presentarse para evitar una sesión fallida que haga descarrilar los frágiles apoyos del independentismo. La amenaza de nueva convocatoria electoral en octubre sigue latente ante la petición de tiempo por parte del socialista Salvador Illa y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Los republicanos de ERC exigen blindar su financiación a la carta a cambio de votos y tener la “llave de la caja” sin interferencias de la presidenta de la comunidad de Madrid.