Este escenario plantea un grave riesgo para la libre competencia del sector. La solicitud masiva de licencias, basada en un vacío legal de 2018 y actualmente en fase de resolución judicial, amenaza con romper los equilibrios alcanzados en los últimos años entre taxi y VTC, en una comunidad que ya en 2022 apostó por regularizar las licencias existentes. Lejos de construir un debate necesario, la judicialización del sector pone en riesgo los puentes construidos entre plataformas y flotas de VTCs y taxis con el gobierno autonómico.
Bolt, que opera en España trabajando principalmente con pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y autónomos, considera que la posible concentración de licencias va en contra del interés público y no responde a una necesidad real del mercado. España es, además, el único país de Europa donde existen “flotas propias” en manos de plataformas tecnológicas, efecto colateral fruto de la mala regulación del sector VTC que ha permitido que se produzcan situaciones de alta concentración de mercado en unos pocos operadores, lo que restringe la competencia y perjudica tanto a profesionales como a usuarios.
La compañía lamenta que se esté utilizando de forma interesada un estudio independiente elaborado junto a KPMG, cuyo objetivo era comparar la situación del sector y la calidad del servicio en diferentes ciudades españolas y europeas. En ningún caso dicho informe justifica una avalancha de nuevas licencias en manos de un único operador. Por el contrario, Bolt defiende que cualquier ampliación del número de licencias debe estar basada en criterios objetivos, planificación y transparencia, evitando decisiones que se aprovechen de lagunas regulatorias.
Bolt reafirma su compromiso con una movilidad accesible, innovadora y diversa, que beneficie a todos los actores del ecosistema y no solo a grandes operadores con capacidad de acaparar el mercado.
“No nos oponemos a nuevas licencias, pero deben concederse de forma ordenada, con criterios de interés público y sin favorecer posiciones dominantes que limiten la competencia y perjudiquen a PYMEs, autónomos y usuarios” añade Daniel Georges, director general de Bolt en España.