Perlas ministeriales y huelgas de la democracia
Han bastado ocho meses y varias causas judiciales para que el Gobierno, con la vicepresidenta Montero o los ministros Bolaños y Alegría, hayan pasado de “no aceptar ninguna descalificación a los jueces y magistrados”, a convertirse en punta de lanza de los ataques a los miembros de la Magistratura. Al tri-ministro de Justicia no le gusta que los jueces le recuerden que todos los Poderes del Estado, incluido el Ejecutivo, están obligados a acatar la ley. Así, no hay semana que sus integrantes no salgan en tromba para denunciar los “bulos” y “mentiras” de la investigación, y la “campaña de acoso” de los medios, de la oposición o de los tribunales, pregonando su “máxima preocupación” y la “impunidad” de los magistrados.
La primera huelga general de la judicatura tuvo lugar en 2009, que costó la dimisión al ministro socialista Fernández Bermejo, tras la exigencia de implantar la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces a la media europea y mantener la agenda de señalamientos, además de un aumento retributivo. Cuatro años después, en 2013, se repitió otra de las mayores huelgas y protestas del pasado, secundada por 2.000 jueces y fiscales contra las reformas del ministro de Justicia, el ‘popular’ Ruiz Gallardón, como rechazo al modelo judicial del siglo XIX y la defensa de la “independencia de los jueces para investigar la corrupción”. Quince años después, cinco de las siete asociaciones profesionales anuncian un paro preventivo en todos los juzgados, al tiempo que reclaman la retirada de la ‘reforma Bolaños’ con la exigencia de enviar a Europa los informes contrarios a la norma y la advertencia de impugnar en los propios tribunales el intento de consolidar en sus puestos a los jueces y fiscales sustitutos.
Ley Bolaños: Cambio de modelo…
Los colectivos mayoritarios de la judicatura -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- ponen en entredicho las dos reformas impulsadas por el ministerio de Justicia: el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el procedimiento de urgencia. La iniciativa para ampliar y fortalecer las carreras judicial y fiscal pretende transformar los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional con un “cambio de modelo” que, según su titular, Félix Bolaños, persigue la igualdad de oportunidades sin que el origen económico o geográfico suponga una barrera. Entre las medidas estrella de la reforma de Sánchez se incluyen el cambio del acceso de jueces y fiscales, la elección de las Salas de Gobierno o la composición de la Comisión de Ética Judicial.
… o control judicial
Lejos de mejorar la carrera judicial, atraer talento o incrementar el número de jueces, fiscales y magistrados, para la judicatura supone un retroceso al propiciar un “acceso arbitrario”, restringir la participación democrática en los órganos de gobierno y someter instancias clave a “criterios partidistas", ello, además de poner en riesgo la independencia judicial. Tal deriva, compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, como exige el respeto a los estándares constitucionales", denuncian jueces y magistrados. No en balde, consideran que se produce una "desnaturalización del sistema de acceso a las carreras al modificarse "profundamente" los procesos de selección sin respetar "los principios de igualdad, mérito y capacidad” que deben regir el acceso a la función pública.
La futura ley facilita la inclusión en el sistema de cientos de jueces sustitutos, sin haber aprobado la oposición, que lo harán a través del cuarto turno, esto es, mediante un concurso de méritos que reconoce “una antigüedad ficticia”. Además, advierten, que la reforma supondrá en la práctica institucionalizar la figura del “juez en expectativa de destino", vulnerando el principio de inamovilidad que reconoce la Constitución, porque estos nuevos jueces ingresarían en la carrera a disposición de los presidentes de los tribunales superiores de justicia "y con obligación de participar en los concursos siguientes".
Blindaje del Fiscal General
Mayor rechazo y varapalo se lleva el anteproyecto presentado por el Gobierno para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, amparándose en la necesidad de dar cumplimiento a las exigencias de organismos europeos, que según la Asociación de Fiscales, solo persigue reforzar la figura del Fiscal general del Estado en detrimento de los fiscales y del órgano democrático que los representa. Recuerda la AF que la carrera fiscal se integra por profesionales de elevadas competencias jurídicas y una “lealtad institucional indudable", mientras que la reforma pretende “afianzar el poder del jefe del Ministerio Público”, hoy imputado por la filtración de datos de un ciudadano particular.
También advierte la Asociación de Fiscales que el Consejo Fiscal, único órgano de carácter democrático, ve reducidas sus competencias al quedar diluido y desdibujado como órgano de control interno del fiscal general y el sistema de elección, que limita la facultad de elección de candidatos, y solo pretende potenciar la presencia de las asociaciones minoritarias como la que apoya a su actual titular. Por último, pone el acento en las diferentes sentencias y resoluciones anulando nombramientos dudosos realizados por el fiscal general Álvaro García Ortiz en la cúpula de la Fiscalía General del Estado, cuyo sesgo ideológico y la adhesión personal estarían detrás de tales ascensos, con la particularidad de que los ascendidos permanecerán en sus funciones hasta la jubilación como integrantes de la junta de fiscales de sala.