Los siete años de Pedro Sánchez en la Moncloa cada vez se parecen más al agónico final de su predecesor, Felipe González, cuya última legislatura destapó la caja de los truenos con múltiples escándalos que empañaron el cierre de sus 14 años en el poder. Quien accedió a la presidencia del Gobierno con una moción de censura contra la corrupción de la era Rajoy, su soledad parlamentaria y con lecciones de "ejemplaridad política", permanece siete años después sumido en un marasmo de causas judiciales que afectan a su partido y al entorno familiar, por las que la oposición –tanto PP como VOX- e incluso desde su propia formación le exigen la convocatoria de elecciones. Eso es lo que hizo, con sus aciertos y errores, el presidente más longevo desde la Transición hasta conseguir que a España no la reconociera ni la madre que la parió.
Del gobierno 'limpio’ a la ‘degradación’
Los siete años de Pedro Sánchez en la Moncloa cada vez se parecen más al agónico final de su predecesor, Felipe González, cuya última legislatura destapó la caja de los truenos con múltiples escándalos que empañaron el cierre de sus 14 años en el poder. Quien accedió a la presidencia del Gobierno con una moción de censura contra la corrupción de la era Rajoy, su soledad parlamentaria y con lecciones de "ejemplaridad política", permanece siete años después sumido en un marasmo de causas judiciales que afectan a su partido y al entorno familiar, por las que la oposición –tanto PP como VOX- e incluso desde su propia formación le exigen la convocatoria de elecciones. Eso es lo que hizo, con sus aciertos y errores, el presidente más longevo desde la Transición hasta conseguir que a España no la reconociera ni la madre que la parió.
Premonitorio o no, el Sánchez que en 2018 recriminaba a Rajoy “¡qué más tiene que pasar para entender que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país y para su propia formación!”, presumía a la vez de ser un “político limpio” que aspiraba a gobernar con un "Gobierno limpio". El presidente que hoy se apoya en una mayoría fragmentada y cada día pierde más votaciones en el Parlamento -142 derrotas en apenas 20 meses-, es señalado desde la oposición por utilizar a fontaneros desde las “cloacas” para amenazar a las instituciones como la fiscalía o la Unidad Operativa de la Guardia Civil que investiga las causas.
Feijoo anuncia una nueva movilización contra la "degradación" democrática de Pedro Sánchez, mientras pide apoyos para liderar una moción de censura y se reserva acciones legales contra la militante socialista que ofrece beneficios judiciales a empresarios investigados por casos de corrupción a cambio de información comprometedora contra la UCO, a cuyo jefe deseaba “ver muerto”. Tanto el entorno socialista como sus socios de gobierno exigen también "máxima contundencia” ante unos hechos que califican “de extrema gravedad”, además de reclamar una investigación y la depuración de responsabilidades. Referentes del PSOE como García Page o Lambán, piden a su vez acciones legales e incluso la convocatoria de elecciones para acabar con la “agonía” gubernamental. Vox se querella contra quienes también denomina “fontaneros del PSOE”, por cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, a los que acusa de orquestar una "operación" para difamar a los cuerpos policiales.
'Casus belli' del PP
El PP activa toda su maquinaria para denunciar la deriva del gobierno y sus múltiples escándalos, cuya estrategia convierte a España en una democracia fallida. Según la formación, el país se encuentra inmerso en un proceso de "involución democrática" que amenaza con desfigurar las instituciones. Feijóo considera “gravísima” y “pura mafia” la operación de la militante socialista, Leire Díez, contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para conspirar contra los mandos y fuerzas de seguridad del Estado, en una operación para difamar a la UCO de la que el PSOE se desmarca.
Con esta acusación arranca la iniciativa que llevarán los populares a la Comisión Constitucional del Congreso en la que exigen la derogación de la ley de amnistía, promover el cese del Fiscal general del Estado, cesar los ataques a los jueces, respetar los derechos de la oposición, cumplir con la Constitución presentado Presupuestos, revertir la ocupación partidista de los medios públicos, rechazar la cesión de competencias en materia de extranjería y control de fronteras y promover la transparencia y rendición de cuentas.
El Senado y la cuestión prejudicial
Otro frente no menor de la formación para intentar neutralizar las actuaciones del Gobierno, es la exigencia a través del Senado al Tribunal Constitucional para plantear una cuestión prejudicial previa a la sentencia de la amnistía. La Cámara Alta incide en siete aspectos de la ley que elimina los delitos del desafío independentista catalán y que podrían contravenir el derecho comunitario. Cuestiones como la seguridad jurídica, la supresión de la malversación como delito de corrupción o la posible “discriminación ideológica” que acompaña a la norma constituyen algunos de los puntos de consulta que la segunda cámara solicita elevar ante Europa. Además, pide al órgano presidido por Conde-Pumpido suspender la tramitación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP hasta el pronunciamiento firme del TJUE.
El aforado Gallardo y su inmunidad
Con todo, han sido los audios ‘conspiranoicos’ de la militante del PSOE los que han removido los cimientos de la convulsa gobernabilidad del ejecutivo que superan con mucho el caso del diputado Gallardo, con su rocambolesca estrategia para conseguir el aforamiento. La meteórica celeridad del dirigente socialista extremeño -ya diputado- para conseguir la inmunidad y el cambio de tribunal que juzgue sus presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias -tras crear una plaza pública para el hermano de Sánchez-, no sólo pone en entredicho su propia credibilidad, sino la de su superior jerárquico y presidente de Gobierno, que una década atrás se comprometió a “suprimir” los aforamientos e indultos y hasta a endurecer las penas de corrupción como impulso de la “limpieza democrática”. El líder del socialismo extremeño consiguió apartar hasta cinco correligionarios para alzarse con la inmunidad institucional, con notario mediante para evitar su posible retracto.
Crecimiento económico y subidas de impuestos
Sánchez preside el Ejecutivo con mayor debilidad parlamentaria de la democracia, sostenido por 12 formaciones, con más de un centenar de derrotas en los últimos 20 meses, una decena de ministros reprobados y sin Presupuestos Generales del Estado que lastran la inversión. En el debe, el inquilino de la Moncloa presume de haber conseguido el mayor crecimiento económico de la UE, con récord de afiliaciones a la Seguridad Social, una subida del Salario Mínimo del 61% y la reducción de la desigualdad. La oposición le recrimina sus 97 subidas de impuestos, el aumento de la deuda, una recaudación fiscal récord, la brecha de la renta per cápita española y europea, o la mayor pobreza infantil comunitaria.