Bloqueo e imputaciones por doquier
Sánchez se ha convertido ya en rehén de un fugado de la Justicia que no puede gobernar el Parlamento, tanto el Congreso -con bloqueo de sus socios-, ni el Senado -con mayoría del PP-, rodeado de imputados por todas partes, incluido su candidato a la presidencia de Extremadura, donde las encuestas le atribuyen el peor resultado de la historia con dura crítica interna que solo piensa en ' salvar los muebles'. La primera comunidad en colocar las urnas autonómicas adelantadas, se convertirá en laboratorio electoral previo al posible adelanto también de las elecciones generales.
Su minoría en las Cortes, el inquilino de la Moncloa aboca a una parálisis legislativa, sin presupuestos, sin leyes y con numerosos casos judiciales abiertos que hasta la Audiencia Nacional decide iniciar para aclarar los pagos en metálico del partido en el poder en busca de una posible financiación irregular. El juez Peinado, a su vez, la imputación de la mujer del Presidente, Begoña Gómez, para ser juzgada por un tribunal popular por cinco delitos de corrupción tras incorporar una nueva investigada, Judith González, actual secretaria general del Gobierno. Otro caso, el de la ‘fontanera’ Leire Díez, comienza con la acusación de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda contra ella, por posible intento de soborno de la ex militante socialista y su ofrecimiento de 'favores' a cambio de información comprometida contra el Fiscal del caso Koldo. Díez, que actuaba como “la mano derecha de Santos Cerdán”, está imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Fiscalías y abogacías 'políticas' del Estado al servicio del poder
El juicio contra el Fiscal general (del Gobierno), Álvaro García, acusado de filtrar datos privados de un contribuyente, se convierte en aquelarre de los dos representantes de la institución que arremeten contra los miembros del tribunal juzgador e incluso contra el propio magistrado instructor, calificando la investigación de "inquisitorial", "prospectiva" y propia de una causa "terrorista". Todo para proteger a su superior jerárquico y máximo representante de la fiscalía, juzgado por presunto delito de revelación de secretos del artículo 417 del código penal, castigado con hasta seis años de cárcel.
Poco importa que el principal protagonista, junto al resto de correligionarios y testigos socialistas, haya borrado las pruebas no a martillazos, sino a golpe de dedo digital con amnesia de los mensajes recibidos para evadir cualquier responsabilidad política o judicial, e incluso reconocer que la estrategia de la Moncloa era conseguir el “máximo ruido” del ‘caso González Amador’. Tampoco, que la Fiscal superior de Madrid señale al imputado como el "filtrador" de los correos electrónicos y la nota de confesión tributaria del empresario -casualmente novio de una rival política del Gobierno-, con apostilla de la fiscal jefe de la institución lamentando que no hubiera incluso algo de "cianuro". Ello, a pesar de otro testimonio del fiscal del “caso García Ortiz” –seguido con atención por los gobiernos europeos- que lo considera un "fraude tributario sin más" de los que con frecuencia se producen en España. Hasta el jefe de Prensa de la fiscalía madrileña, que se negó a publicar la nota de prensa sobre el novio de Ayuso, advirtió de que podía tener “consecuencias penales”.
El principal perjudicado, Alberto González Amador, denuncia haber sufrido persecución institucional y haber pasado a ser un “delincuente confeso” sin presunción de inocencia. La misma abogacía del Estado y defensora de García Ortiz, que exige anular el juicio por revelación de secretos, se inhibe de pedir su imputación obviando el borrado de mensajes de su teléfono. Mientras tanto, el propio Fiscal General continúa aferrado a su toga, acude en coche oficial al juicio que lo investiga y se sienta en el estrado negándose a declarar desde el banquillo.
El gran conseguidor de mascarillas en la pandemia
El segundo protagonista del culebrón político-judicial, no es otro que el actual ministro y ex presidente canario, Ángel Víctor Torres, a quien el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil, todavía inconcluso, señala su implicación personal en la compra de mascarillas para el gobierno insular a la trama Koldo-Aldama durante la pandemia, por valor de 17,9 millones de euros. El relato de presiones, mensajes -hasta 127-, amenazas y el lenguaje escatológico para cerrar el contrato llevaron al ex asesor de Ábalos a suplicar a Torres que, de conseguirlo, se dejaría incluso “violar”. Las demoras administrativas para librar los pagos hicieron que el hoy ministro llegase a expresar de manera airada también la amenaza a una subordinada, con la advertencia de “solucionarlo, o levantarla para el aire”. “Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica”, escribió el entonces presidente canario al asesor de Ábalos.
La UCO destapa la “influencia” ejercida por Koldo en favor de Víctor de Aldama merced a su relación económica mensual de 10.000 € en efectivo para que saliera adelante un negocio que no se limitaba a la Administración canaria, sino que se extendería hasta la Administración central, consiguiendo implicar a los ministerios de Transportes, Trabajo, Defensa, Interior, e incluso Adif y la comunidad Balear. El PP exige por ello la dimisión del actual ministro de Política Territorial, por formar parte de una "trama corrupta" de las mascarillas, mientras este reafirma su inocencia con querella incluida contra el empresario y comisionista Aldama por difamación.