De forma paralela, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia ha declarado al Ministerio de Cultura tercero deudor en el embargo judicial de los derechos derivados de dicho convenio, en ejecución de costas judiciales firmes impagadas en España por la empresa andorrana.
Según la información del registro de sociedades de Andorra, Antiqvvm Edicions, S.L. presenta embargos de forma recurrente desde al menos el año 2017, lo que evidencia una situación de conflictividad judicial y económica prolongada en el tiempo, muy anterior a la firma del convenio con el Estado español.
La sociedad andorrana actualmente embargada, cuyo convenio con el Ministerio de Cultura se encuentra impugnado ante la Audiencia Nacional figura apoderada por Josep Estañol Cornella, quien ya fue cesado como notario por el Gobierno de Andorra en el año 2020, cese también anterior a la firma del convenio impugnado.
La estructura societaria de Antiqvvm Edicions, S.L incluye asimismo según el registro mercantil de Andorra:
- La presencia de capital de origen español, vinculado a la familia Carbó —fundadora de la cadena Caprabo— a través de Santiago Blanch Hernández, uno de sus miembros, que figura como administrador de la sociedad según el propio registro mercantil.
- Otro administrador, Joan Carles Casal de Fonsdeviela, respecto del cual constarían embargos sobre sus participaciones sociales, de acuerdo con la información registral consultada.
Estos antecedentes resultan especialmente relevantes tras confirmarse que el embargo judicial ha terminado afectando directamente al propio Ministerio de Cultura, declarado tercero deudor conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los recurrentes recuerdan que las circunstancias que han motivado el embargo fueron advertidas formalmente tanto al Archivo de la Corona de Aragón (ACA) con quien se suscribió el convenio, al Ministerio de Cultura, así como al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), sin que se adoptaran medidas correctoras antes de que se produjera el embargo judicial.
Fuentes jurídicas consultadas subrayan la gravedad institucional que subyace en que un ministerio del Gobierno de España mantenga convenios con sociedades afincadas en Andorra financiadas con capital español, que acumulan deudas judiciales firmes impagadas en España y con antecedentes de embargos reiterados y estructuras societarias complejas, una situación que ha terminado trasladando el conflicto económico al propio Estado.
El caso reabre el debate sobre los controles previos de solvencia, legalidad y transparencia aplicados en la firma de convenios públicos, especialmente cuando intervienen entidades extranjeras con capital de origen español.