Según ha podido comprobar este equipo de investigación, el Ministerio de Cultura español es parte en un procedimiento judicial que cuestiona la legalidad de un convenio firmado con la sociedad andorrana Antiqvvm Edicions SL, cuya trayectoria societaria y los antecedentes de sus representantes han generado controversia en ámbitos jurídicos y mediáticos.
El convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 de noviembre de 2024, implica la cesión de prestaciones económicas no dinerarias a favor de la citada empresa. De acuerdo con la demanda interpuesta en sede contencioso-administrativa, este acuerdo podría haberse formalizado al margen de los procedimientos exigidos por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, lo que, en su caso, podría conllevar su nulidad.
Entre los representantes de Antiqvvm Edicions SL figura Josep Estañol Cornella, ex notario de Andorra, cesado por el gobierno de Andorra en 2020 según publica la prensa andorrana. La trayectoria de Estañol ha sido objeto de diversas informaciones públicas que mencionan su vinculación con procedimientos judiciales relacionados con contratación pública y falsedad documental, extremos que se encuentran en fase de tramitación y sin que, hasta la fecha, conste resolución judicial firme al respecto.
Asimismo, fuentes registrales y documentales reflejan que Antiqvvm Edicions SL comparte elementos societarios y operativos con la empresa The Memory of the Word SL, igualmente domiciliada en Andorra, que ha sido condenada al pago de costas procesales en sentencias firmes dictadas por tribunales españoles, sin que —según los datos recabados— dichas obligaciones hayan sido satisfechas hasta la fecha.
La demanda presentada destaca que el Ministerio firmó el citado convenio sin exigir la documentación acreditativa de solvencia y cumplimiento legal que prevé la normativa vigente. Una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno confirma que dicha documentación no consta en los expedientes públicos, lo que ha motivado la solicitud de medidas cautelares para suspender los efectos del convenio mientras se dirimen las responsabilidades legales.
El procedimiento judicial abierto plantea cuestiones relevantes sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la eficacia de los controles institucionales, aspectos que, según la parte demandante, merecen ser analizados en profundidad para preservar la legalidad y el interés general.
Si (
No(
