Hoy en día existe un amplio debate, motivado también por determinadas críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia la educación universitaria privada. Sin embargo, el problema es mucho más profundo: se trata de un ataque directo a la libertad y a la Constitución española, en concreto a su artículo 27. Es una agresión a los derechos y libertades públicas que nos hemos dado en favor de la búsqueda de una mal entendida igualdad. Una igualdad que, si no se encuentra afianzada en el esfuerzo, el principio de igualdad de oportunidades y la excelencia, nos conduce realmente a sociedades más desiguales, más manipulables, más sumisas y menos libres.
Esto no es nada nuevo. Ataques similares contra la educación preuniversitaria concertada, con la Ley Celaá, ya se produjeron anteriormente. Ahora el turno de los ataques ideológicos —alejados de criterios técnicos— es para las universidades privadas. Resulta llamativo cuando el propio presidente del Gobierno se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, un centro privado y católico vinculado a los agustinos y hoy dirigido por el CEU. Posteriormente desarrolló su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela y realizó un programa en liderazgo en IESE Business School, perteneciente a la Universidad de Navarra.
Una de sus hijas acaba de comenzar sus estudios en ESIC Universidad, cuya titularidad corresponde a los Padres Reparadores. Su hermano, David Sánchez, estudió en la Universidad Pontificia Comillas. Los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares estudiaron en la Universidad de Deusto; la ministra de Inclusión cursó Derecho en la Universidad de Navarra; y el ministro de Industria, Jordi Hereu, se licenció en ADE por ESADE, adscrita a la Universidad Ramón Llull.
Entonces, ¿por qué tanta inquina contra la universidad privada? ¿No fueron bien formados? ¿O forma parte de un discurso ideológico populista que ni ellos mismos se creen, pero que sirve para alimentar un relato destinado a sembrar discordia y polarización social, e intentar ganar votos en un caladero ideologizado que se mueve por viejos clichés?
¿Cómo puede María Jesús Montero afirmar que los médicos formados en universidades privadas no ofrecen garantías cuando ella misma fue alumna de un centro privado como EADA, donde cursó un título de gestión hospitalaria? ¿Cómo puede sostener que la universidad privada es enemiga de la clase trabajadora, cuando todos somos trabajadores de una u otra manera? ¿Cómo puede afirmar que en la universidad privada se compran y se regalan títulos?
Las generalizaciones nunca son justas, como tampoco lo fueron las campañas de desprestigio llevadas a cabo en su momento contra la Universidad Complutense, con el caso de la cátedra de Begoña Gómez, o con el caso Cifuentes. Por tanto, ¿deberíamos irnos todos los españoles a estudiar al extranjero y, al mismo tiempo, imponer una regulación masiva? Todo ello constituye un sinsentido. En política no todo vale.
Cuando el presidente del Gobierno pone en duda que las universidades privadas garanticen la misma calidad que las públicas, se trata de una afirmación que, por sí misma, no se sostiene. La inmensa mayoría de los profesores universitarios que imparten docencia en universidades privadas se han formado en universidades públicas. Yo mismo estudié Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración —especialidad en Estudios Europeos— en la Universidad Complutense de Madrid, donde además obtuve el Diploma de Estudios Avanzados y realicé los cursos de doctorado. Posteriormente comencé a impartir docencia en 2017 en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente doy clase en la Universidad Internacional de La Rioja y en el máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia Pública de la Universidad CEU Fernando III.
Por mi propia experiencia, considero fundamental que los alumnos tengan libertad de elección de centro, ya sea una universidad pública o privada, pues esta diversidad de sistemas es consecuencia de la pluralidad de España y de sus ciudadanos.
Ante las afirmaciones del Gobierno y de parte del sector académico, que califican a muchos centros privados como meros “chiringuitos educativos” sin exigencia real, debo manifestar claramente mi desacuerdo. La búsqueda de la excelencia universitaria proviene del profesor y del propio alumno, fruto de la formación previa adquirida y del fomento del rigor y de la búsqueda de la verdad. Si profesores y alumnos carecen de verdadera vocación universitaria, ello no se debe a la titularidad pública o privada de la institución, sino a que el sistema educativo en su conjunto ha fallado desde el principio. No se han sabido inculcar esos principios y valores orientados a aspirar a lo máximo.
La universidad pública se ha transformado en gran medida en grandes estructuras burocráticas, dirigidas también con una visión empresarial: cuantos más alumnos, mejor; es decir, más “clientes”. Alumnos que, en definitiva, pagan nuestros sueldos. Por ello se pedía a los profesores un esfuerzo adicional para que los estudiantes estuvieran satisfechos y no criticaran ni a los docentes ni al rectorado. Esto llegó a ser más importante que formar adecuadamente a los estudiantes y estimularlos en la adquisición de conocimientos mediante el estudio y el esfuerzo personal, complementado —pero no sustituido— por el trabajo en equipo.
Las universidades públicas se encuentran masificadas, con falta de inversión, laboratorios obsoletos e instalaciones precarias. Los profesores, tras años de trabajo e investigación, están mal remunerados y su formación no es debidamente valorada, a pesar de la relevante labor social que desempeñan formando a los jóvenes. Esta situación no ha sido creada por la universidad privada, sino por una concepción de la universidad que genera clones en lugar de personas y ciudadanos libres y responsables, capaces de contribuir al desarrollo de su país.
La propia concepción administrativa impone procedimientos burocráticos muy restrictivos que desincentivan la organización de seminarios, conferencias o proyectos de investigación. En muchas ocasiones, las obligaciones de gestión, unidas al elevado número de estudiantes —a los que no se puede ofrecer una atención personalizada—, impiden también el desarrollo profesional del docente en su propio campo.
A continuación, me gustaría profundizar en algunos de los aspectos criticados por el Gobierno respecto a la universidad privada, con el objetivo de contribuir al debate y evitar un análisis superficial del problema, aunque ello suponga extenderme en el artículo, pues considero que el tema lo merece.
Calidad educativa y estándares académicos
No puede afirmarse que los estándares de calidad en la universidad privada no sean elevados. Los estándares deberían ser los mismos, y en este punto no cabe la generalización. El Ejecutivo sostiene que no se trata de un enfrentamiento público-privado, sino de elevar los estándares de calidad. Sin embargo, los rankings no muestran que las universidades privadas estén mal posicionadas; en algunos casos incluso obtienen mejores resultados.
Debe tenerse en cuenta, además, el grado concreto del que se trate, así como la modernidad de las instalaciones, los medios tecnológicos, los convenios que aseguran prácticas y posterior empleabilidad, y la posibilidad de cursar dobles grados, grados bilingües o estudios de posgrado. En la universidad pública he constatado las dificultades que muchos alumnos encuentran para obtener las prácticas curriculares obligatorias del último curso, que en numerosas ocasiones no son remuneradas.
Respecto a la supuesta falta de transparencia económica, tampoco estoy de acuerdo. Es evidente que el sector privado opera con mayor libertad, y muchas universidades privadas desarrollan fundaciones que conceden becas a los mejores expedientes, evitando que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para el acceso a los estudios.
Regulación y proliferación de universidades privadas
Es cierto que las cifras muestran un crecimiento notable del número de universidades privadas en España, que casi iguala al de las públicas. Esto genera preocupación sobre saturación, competencia y calidad. Sin embargo, ¿qué tiene de negativo que el sector privado apueste por la educación universitaria y que el estudiante disponga de más opciones para elegir centro?
Además, esta concentración de universidades públicas y privadas se produce fundamentalmente en las grandes capitales, no en las provincias. La inversión privada en educación fortalece y complementa el sistema universitario en su conjunto. La competencia basada en la búsqueda de la excelencia siempre es positiva.
Las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno introducirán mayores trabas y límites a la creación de nuevas universidades privadas. Desde luego, los criterios académicos y de infraestructuras deben cumplirse por igual en universidades públicas y privadas, sin excepción.
Acceso económico y equidad
Uno de los principales reproches es que las universidades privadas favorecen a estudiantes con mayores recursos económicos. Aquí vuelvo a defender el principio de igualdad de oportunidades, el premio al esfuerzo y el fortalecimiento del sistema de becas. Si los alumnos con menos recursos son precisamente los que obtienen mejores calificaciones, el acceso no debería ser un problema si se invierte adecuadamente en ayudas al estudio.
La izquierda ha tendido tradicionalmente a igualar por abajo, fomentando que casi todos los jóvenes aspiren a un título universitario, en detrimento de una formación profesional de calidad. No todos pueden ni deben ser abogados, ingenieros, médicos o arquitectos, y tampoco el mercado laboral necesita tantos profesionales en estos ámbitos. Así, la generación mejor formada es también una de las más frustradas, lo que explica en parte el auge de opciones políticas extremas.
Derecho a la educación: sí. Igualdad de oportunidades: por supuesto. Uniformidad y fabricación de clones: en absoluto. Cada persona es única e irrepetible, y esa diversidad es la verdadera riqueza de un pueblo.
Función social e impacto sobre la universidad pública
Las universidades privadas complementan la oferta educativa, ofrecen plazas donde las públicas no llegan y suelen estar más orientadas al mercado laboral. Sus detractores sostienen que ello se hace a costa de la investigación o de una formación más profunda, pero este argumento no resulta sólido, pues el beneficiario final es el estudiante.
El debate no es solo sobre las privadas, sino sobre cómo su crecimiento afecta a unas universidades públicas que sufren infrafinanciación crónica, saturación y falta de recursos para atender la demanda existente.
Conclusión
La solución pasa por el equilibrio. No se puede responsabilizar a la universidad privada de todos los problemas del sistema universitario español. El esfuerzo debe realizarse en todo el sector, especialmente en el público, que acoge al mayor número de estudiantes, y debería comenzar ya en la educación secundaria, donde muchos alumnos eligen sus estudios sin una orientación académica adecuada.
Este es un esfuerzo que debe implicar a la sociedad civil, las familias, las instituciones públicas, el sector privado y la comunidad educativa en su conjunto. La libertad del ciudadano no puede ser sustituida por un intervencionismo estatal desequilibrado. Es imprescindible generar un clima de concertación y avanzar hacia un gran pacto educativo. De lo contrario, seguiremos reproduciendo la polarización que hoy afecta tanto al mundo universitario como a la sociedad en general.