El periodo 1931 -1936 fue especialmente dramático para España con la proclamación de la Segunda República y el inicio de unos años de inestabilidad política e institucional que desembocó en una Guerra Civil. Muchos de los políticos de entonces han pasado a la historia por su responsabilidad en las consecuencias de esta época convulsa pero no es tan conocido el hecho de que también se produjeron algunos hachos que afectaron algunos políticos de la época que se vieron relacionados con sospechas de corrupción.
El primero de ellos es el caso estraperlo. El término estraperlo es usado en España para referirse al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión, es una actividad irregular o intriga de algún tipo, y se usa como sinónimo de mercado negro.
El origen de este acrónimo está en un escándalo político ocurrido durante la Segunda República Española, producido como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca Straperlo, nombre derivado de los apellidos de los empresarios ,Daniel Strauss y Perle Lowann, que promovieron el negocio en España y aportaron al acrónimo las letras en cantidad proporcional a su participación
Strauss era un holandés, muy bien dotado para las relaciones públicas que, después de tener que salir de Holanda para evitar las consecuencias judiciales de su ruleta, se afincó en Barcelona donde contactó con medios políticos y empresariales catalanes con el pretexto de promocionar el turismo en Catalunya organizando el combate por el título mundial de los pesos pesados entre Max Schmelling y Paulino Uzcudun.
Aunque el juego estaba prohibido en España ,en Madrid varios miembros del Partido Radical se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del estraperlo .Los dos empresarios al no tener éxito en sus gestiones ante las autoridades catalanas conectaron con el miembro del partido radical Pich i Pon , subsecretario de marina, que les presentó al hijo adoptivo de Alejandro Lerroux , Aurelio Lerroux,
Crearon una sociedad anónima donde se repartían los futuros beneficios del negocio entre los personajes citados, además de Joaquín Gasa propietario del "Olympia" de Barcelona y de Paulino Uzcudun, iniciando una carrera de contactos y sobornos de algunos políticos que terminó con una aprobación para la licencia de la ruleta por parte del entonces presidente del gobierno Ricardo Samper Ibáñez del Partido Radical.
Empieza una segunda fase que termina con el nombramiento de Alejandro Lerroux como presidente de la República con un Gobierno que estaba formado por una alianza de partidos de centroderecha, que aprueba de nuevo la licencia de la ruleta cuyo funcionamiento se pone en marcha en el hotel Formentor en Palma de Mallorca-
Pero las actividades del juego de la ruleta concluirían intempestivamente en un momento posterior cuando tres horas después de haber inaugurado una segunda sede de la ruleta en el casino de San Sebastián. El mecanismo funcionó solamente durante 3 horas cuando la policía irrumpe en el local y prohíbe su utilización por estar manipulada. La ruleta funcionó solamente una semana en el hotel Formentor siendo también precintado por la autoridades gubernativas por denuncias y falta de permisos
Aunque teóricamente parecía un juego de habilidad basado en cálculos matemáticos para predecir la caída de una bola en una rueda de 13 números impulsada por un motor eléctrico, el fraude Consistía en un dispositivo oculto con un mecanismo de relojería que controlaba la velocidad del motor y permitía al operador que gestionaba la banca manipular los resultados invalidando los cálculos de los jugadores y asegurando las ganancias para la casa
El escándalo público se produce en octubre de 1935, a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en la que exigía una indemnización por los gastos de instalación en los casinos de San Sebastián y Formentor y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a familiares y amigos de su líder Alejandro Lerroux que , según la versión de Strauss, habían hecho uso de sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio.
Las denuncias recibidas por Niceto Alcalá Zamora Realizada en La Haya el 5 de septiembre de 1935 incluía una carta principal con un dossier de pruebas donde se incorporaban distintos documentos como facturas, fotografías de sobornos entregados como relojes y contratos. Con una reclamación de 85.000 florines equivalentes entonces a 450.000 pesetas por las pérdidas producidas en el negocio fallido
El presidente de la República, Alcalá Zamora, trasladó la denuncia al nuevo gobierno radical-cedista presidido por Joaquín Chapaprieta, en el que Lerroux era ministro, y le obligó a que el caso fuera debatido en las Cortes donde se formó una Comisión parlamentaria. El dictamen de la misma señaló que habían existido actuaciones «que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen».
Alejandro Lerroux negó todo y culpó a opositores como Manuel Azaña e Indalecio Prieto. El 28 de octubre de 1935 las Cortes, mediante el sistema de bolas blancas y bolas negras, votaron la culpabilidad de los acusados por la Comisión, todos ellos destacados miembros del Partido Radical como José Valdivia, director general de Seguridad y Salazar Alonso, entonces alcalde de Madrid y en el momento de la trama ministro de la Gobernación;
También se vieron implicados Juan Pich i Pon, gobernador general de Cataluña; Miguel galante delegado del Estado en la compañía MZA, Sigfrido Blasco-Ibáñez, hijo del escritor Blasco Ibáñez y diputado; Aurelio Lerroux , hijo adoptivo de Alejandro Lerroux, Eduardo Benzo ,ex subsecretario del Ministerio de la Gobernación que había gestionado el permiso; y el periodista Vinardell.
Todos dimitieron de sus cargos. Al día siguiente, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno. Aunque no hubo grandes condenas judiciales todo este escándalo aceleró la crisis que llevó a las elecciones de 1936.
Este caso y el que analizaremos a continuación, el caso Nombela, afectaron gravemente e incluso provocaron la pérdida del poder del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y el Gobierno de coalición radical-cedista, marcando el fin del denominado abrir comillas “bienio Negro”, de 1933 a 1935, erosionando la credibilidad del centro derecha.
Alcalá Zamora se negó a que ocupara el poder un partido que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un político de su confianza, el liberal Portela Valladares.
Pero el gobierno de Portela que se constituyó el 15 de diciembre de 1935, formado por republicanos de centro-derecha y que dejaba fuera a la CEDA, no obtuvo la confianza de las Cortes. Alcalá Zamora ofreció el cargo a Gil Robles que este rechazó por lo que posteriormente disolvió las Cortes el 7 de enero de 1936 poniendo fin al denominado bienio conservador y convocó elecciones anticipadas para febrero de 1936 que serían ganadas por la coalición de izquierdas del Frente Popular .
A partir de este escándalo la palabra estraperlo ha quedado como sinónimo de chanchullo, intriga o negocio fraudulento. Así, por extensión, se denominó también estraperlo, durante la posguerra española, al comercio ilegal o mercado negro de los artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento el desde 1936 hasta 1952, recibiendo el apelativo de «estraperlistas» los que se dedicaban a tal comercio.
EL CASO NOMBELA
Pero este no sería el único escándalo en que se vio envuelto el Partido Radical. Cuando aún no se habían cerrado las consecuencias del caso del estraperlo y la dimisión de salida de Alejandro Lerroux del gobierno de coalición radical-cedista de José María Gil Robles, presidido por Chapaprieta ,se hizo público, finales de 1935, el denominado "asunto Nombela", llamado así por el nombre del funcionario de colonias que destapó el caso
Antonio Nombela, acusó a varios dirigentes del partido de Lerroux, y especialmente al subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Moreno Calvo, de haber resuelto de forma fraudulenta un expediente por el que se indemnizaba a la Compañía de África Occidental propiedad del empresario catalán Antonio Tayá, que había conseguido un contrato público para conectar por barco la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón, contrato que había sido cancelado en 1929 por la pérdida de dos buques en la colonia española de Guinea Ecuatorial.
Una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 1935, declaró inválida la rescisión del contrato por lo que Taya exigió en concepto de indemnizaciones 3.778.118 pesetas pretendiendo que el pago se le hiciera el objetivo de inmediato cuando la sentencia del Tribunal Supremo, al igual que el dictamen del Consejo de Estado se limitaba a declarar improcedente la rescisión, especificando que antes de llevarse a cabo el pago de cualquier indemnización se debía proceder a una transacción por peritos especializados para determinar el real alcance de esta.
Taya fue recibido por Alejandro Lerroux y consiguió que Moreno Calvo, subsecretario de la Presidencia y afín a Lerroux, le avalara una orden de pago por el importe citado del Tesoro Colonial, adscrito a la Presidencia, sin el previo visto bueno del Consejo de Ministros.
Nombela que por su cargo controlaba los fondos del Tesoro Colonial se negó a pagarla y se dirigió a algunos miembros del gobierno para denunciar el caso, concretamente a los ministros de la CEDA, José María Gil Robles y Luis Lucia .El gobierno lo cesó, el día 26 de julio de 1935
Nombela llevó el asunto a las Cortes, donde se formó una comisión de investigación. A diferencia del "escándalo de estraperlo", Alejandro Lerroux estaba directamente implicado porque como presidente del gobierno había firmado el expediente. Cuando se produjo el debate parlamentario Alejandro Lerroux no fue capaz de dar unas explicaciones convincentes sobre las acusaciones de corrupción. La Comisión exculpó a Lerroux por votación mayoritaria culpando solamente a Moreno Calvo, pero el daño político ya fue irreparable.
Este segundo escándalo unido al que anteriormente hemos analizado del Straperlo que también afectó al Partido Republicano Radical, como anteriormente ya habíamos expuesto ,lo hundió políticamente y aceleró su disgregación lo que fue aprovechado por el líder de la CEDA José María Gil Robles para poner fin al apoyo al gobierno de coalición.