La falta de transparencia en BIT Bolivian Industrial Technology y las dudas regulatorias marcan la recta final de la campaña municipal
La empresa BIT Bolivian Industrial Technology, vinculada al candidato a la alcaldía de La Paz Xavier Iturralde, se ha convertido en uno de los principales focos de controversia en la recta final de la campaña electoral. La compañía, registrada en Paraguay y asociada a proyectos de producción de diésel sintético, presenta dos elementos que han encendido las alertas entre analistas: la ausencia de una licencia ambiental clara y la falta de estados financieros públicos accesibles.
Ambos aspectos adquieren especial relevancia si se contrastan con los estándares regulatorios de países como España, donde las actividades industriales vinculadas a la producción de combustibles están sometidas a un estricto control previo. La normativa española obliga a este tipo de instalaciones a contar con una autorización ambiental integrada, un instrumento que fija todos los condicionantes ambientales -incluidos los límites de emisiones, control de residuos y afecciones al suelo- antes de que una planta pueda operar.
Este marco se articula a través del Real Decreto 815/2013 y del Real Decreto Legislativo 1/2016, que establecen un sistema de prevención y control de la contaminación con el objetivo de garantizar una alta protección ambiental.
En la práctica, esto implica que cualquier instalación destinada a la producción o tratamiento de hidrocarburos —como el diésel— debe obtener previamente permisos ambientales, someterse a controles periódicos y reportar información sobre sus emisiones a registros públicos como el PRTR-España, que recopila datos de contaminantes industriales.
Además, la legislación del sector de hidrocarburos, articulada en torno a la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, impone obligaciones adicionales en materia de seguridad, suministro y supervisión de operadores.
Frente a ese estándar, la información disponible sobre BIT resulta limitada. No existe un registro público claro que acredite que la empresa cuenta con licencia ambiental para operar en Paraguay, ni se encuentran publicados estados financieros que permitan conocer su estructura de capital, flujos económicos o composición accionarial.
Aunque la ausencia de estos elementos no constituye por sí misma una irregularidad, expertos en gobernanza corporativa advierten de que este nivel de opacidad resulta problemático cuando se trata de empresas vinculadas a proyectos energéticos y, especialmente, cuando sus promotores aspiran a ocupar cargos públicos.
El debate se amplía en un contexto regional marcado por la creciente preocupación en torno al uso de estructuras empresariales en operaciones ilícitas. La reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha vuelto a poner el foco en las redes que operan entre Bolivia, Paraguay y otros países de Sudamérica, donde empresas pantalla y complejos entramados financieros han sido utilizados para ocultar capitales.
Ese escenario conecta con uno de los episodios más impactantes de los últimos años: el asesinato en 2022 del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien investigaba redes internacionales de narcotráfico y lavado de dinero.
Más recientemente, la condena del exsenador Erico Galeano por su colaboración con una red vinculada a Marset ha reforzado la tesis de que estas organizaciones requieren apoyos empresariales y financieros para sostener sus operaciones.
En ese contexto, algunos observadores han comenzado a examinar con mayor detenimiento las estructuras empresariales vinculadas a Iturralde. Parte de los proyectos asociados a BIT en Paraguay comenzaron a desarrollarse en un periodo cercano a la presencia de Marset en Bolivia, lo que ha alimentado especulaciones en círculos políticos y empresariales, aunque sin pruebas concluyentes.
Hasta la fecha, no existe evidencia judicial que vincule directamente al candidato con actividades criminales. Sin embargo, la falta de información financiera clara y la ausencia de registros regulatorios completos continúan generando dudas.
El debate cobra especial relevancia en el marco legal boliviano. La normativa electoral prohíbe la financiación extranjera de campañas y obliga a los candidatos a transparentar el origen de sus recursos, lo que sitúa la cuestión empresarial en el centro del escrutinio público.
A medida que se acerca la jornada electoral, la discusión en La Paz ha dejado de centrarse únicamente en propuestas de gestión urbana. En una región marcada por el avance del crimen organizado, la transparencia empresarial se ha convertido en un factor decisivo para medir la credibilidad de quienes aspiran a gobernar.
Tras la publicación de mi investigación, apareció una cuenta falsa de Facebook creada exclusivamente para exponerme: sin contenido, sin contexto, sin identidad verificable, solo dos fotografías -una en el estudio junto al candidato y otra con mi pareja- cuidadosamente seleccionadas para cruzar la línea entre lo profesional y lo personal. No es casualidad ni anonimato inocente: es una forma de intimidación.
No busca debatir ni desmentir, sino enviar un mensaje directo y reconocible en cualquier entorno donde el periodismo incomoda: sabemos quién eres, sabemos dónde estás.
En un contexto donde investigar estructuras empresariales opacas, inversionistas internacionales y sus posibles conexiones -en una región marcada por figuras como Sebastián Marset- implica tocar intereses sensibles, este tipo de acciones no son un accidente digital, sino un mecanismo de presión que apunta a lo esencial: que el costo de investigar deje de ser solo profesional y empiece a ser personal.